Dilek Hatipoğlu y Nurullah Çiftçi han sido condenados a 11 años de prisión cada uno. Çiftçi señaló que fue privada de su derecho a la defensa ya que había estado detenida durante ocho años.
Dilek Hatipoğlu y Nurullah Çiftçi, ex co-alcaldes de Hakkari, están en un nuevo juicio después de que el Tribunal Constitucional (AYM) dictaminara que se violó su derecho a un juicio justo.
Hatipoğlu y Çiftçi, así como sus abogados, asistieron a la audiencia celebrada hoy en el Segundo Tribunal Penal Superior de Hakkari. El diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Sait Dede y la ex co-alcaldesa de Erciş del HDP, Diba Keskin, así como numerosas personas asistieron a la audiencia.
En su alegato, Dilek Hatipoğlu recordó que no se había celebrado un juicio justo en los últimos ocho años y agregó: “Las condiciones de un juicio justo son un derecho fundamental que debe ser respetado. El tribunal debe garantizar las condiciones y el tiempo adecuados para ejercer mi derecho a la defensa. Las condiciones de reclusión no son propicias para esto. Tras la sentencia de la Corte Constitucional, me trajeron de la prisión, que está a 1.300 kilómetros de distancia, para la audiencia. Mi transporte en un vehículo de traslado de presas y mi confinamiento solitario durante 15 días en la prisión a la que fui trasladada, han obstaculizado mi defensa. Exijo condiciones apropiadas para un juicio y defensa justos y mi liberación”.
Hablando después, Nurullah Çiftçi señaló que fue privado de su derecho a la defensa ya que había estado detenido durante ocho años.
Çiftçi agregó: “El transporte en un vehículo circular desde la prisión, que está a cientos de kilómetros de distancia, es un obstáculo para mi derecho a la defensa. La distancia del camino y las condiciones de la prisión me impiden defenderme mental y físicamente. Exijo la suspensión de la ejecución de una pena, condiciones de juicio justo y mi liberación”.
El tribunal consideró la petición de un juicio justo como un uso del “derecho a permanecer en silencio”.
En su dictamen de fondo, el fiscal exigió que se confirme la sentencia judicial anterior y se concluya que no procede la suspensión de la ejecución de la pena. El tribunal rechazó la solicitud de excarcelación, confirmando la pena anterior de 11 años y 3 meses para cada coalcalde.
