El Comité Especial de la República Islámica para investigar los disturbios de 2022, establecido en respuesta a la creación de la Misión Internacional Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (FFMI), ha publicado su segundo informe.

La Organización de Derechos Humanos de Irán (IHRNGO) afirmó que el documento funciona principalmente como una herramienta de comunicación política destinada a mejorar la imagen de la República Islámica, en lugar de servir como un auténtico “informe de investigación”.

Contiene información errónea sobre el caso de Jina (Mahsa) Amini, tergiversa la naturaleza de las protestas, niega la responsabilidad de las fuerzas estatales y busca culpar a los medios de comunicación y a los grupos de la diáspora. Estas narrativas parecen diseñadas para justificar la violenta represión estatal contra los manifestantes. El marco del informe está completamente dirigido por el gobierno y carece de independencia, basándose en gran medida en fuentes y datos proporcionados por los organismos de seguridad y judiciales de la República Islámica.

Iran Human Rights considera que el informe carece de validez jurídica y lo considera una indicación más de la falta de voluntad de la República Islámica de reconocer o rendir cuentas por graves violaciones de los derechos humanos.

El director de la IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró: "El comité especial del gobierno ha elaborado, tras dos años, un informe que no solo distorsiona la verdad, sino que parece estar dirigido únicamente a exonerar a las autoridades. Este informe ilustra una vez más que, en el sistema actual de la República Islámica, no existe un mecanismo independiente para establecer la verdad ni un compromiso genuino con la rendición de cuentas. Actualmente, la continuación y ampliación del mandato de la Misión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sigue siendo la única vía para que el pueblo iraní busque justicia".

La declaración de IHRNGO que refuta la credibilidad del informe incluye lo siguiente:

"Una de las principales afirmaciones del informe es la negación de cualquier agresión física contra Jina Mahsa Amini, una afirmación realizada sin publicar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad ni cooperar con el comité de investigación de la ONU. El informe forense, controlado por el gobierno, no deja margen para una verificación independiente. Mientras tanto, la familia de Amini, como muchas otras, ha sido objeto de amenazas y arrestos, lo que les ha impedido compartir libremente su versión de los hechos.

El informe describe las protestas como ´operaciones terroristas´ e ´injerencia extranjera´, a pesar de que las manifestaciones fueron generalizadas, espontáneas e impulsadas por la indignación pública contra la violencia sistémica contra las mujeres y las injusticias estructurales. El principal responsable de la violencia fue el propio gobierno, que recurrió a disparos directos contra los manifestantes para reprimir la disidencia.

El informe intenta trasladar la culpa a entidades extranjeras (como Estados Unidos, medios de comunicación y grupos exiliados) sin reconocer la responsabilidad directa del gobierno por la muerte de cientos de personas. 

También afirma que muchas de las víctimas fueron asesinadas por ´alborotadores´ o ´terroristas´, contradiciendo fuentes independientes, testimonios de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, todos los cuales confirman que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas a tiros por las fuerzas de seguridad. 

El informe afirma que 281 personas perdieron la vida, 112 de las cuales fueron identificadas como civiles, y afirma que 25 mártires civiles murieron en ataques terroristas. Sin embargo, Derechos Humanos de Irán ha registrado y confirmado que al menos 551 civiles, incluidos 68 niños y 49 mujeres, murieron durante las protestas. 

El número total de heridos en el informe del gobierno asciende a 6.308, de los cuales 5.681 (más del 90%) pertenecen a la policía y las fuerzas de seguridad. En cambio, Derechos Humanos de Irán ha documentado 138 personas que sufrieron lesiones faciales y oculares debido a disparos de perdigones de las fuerzas gubernamentales y ha compartido pruebas con la Misión de las Naciones Unidas en las Islas Marshall (FFMI), algunas de las cuales ya se han publicado. Estas cifras representan solo una fracción de quienes sufrieron lesiones oculares, e incluso una fracción aún menor de todas las lesiones documentadas. 

A pesar de afirmar que investiga los derechos de los ciudadanos, el informe niega rotundamente todos los relatos de agresión sexual contra detenidos, incluido el caso de Armita Abbasi, y acusa a las víctimas de ´inventar mentiras´. El informe solo reconoce dos casos de agresión sexual de los que culpa a ´personas deshonestas´, afirmando: ´Se determinó que no tenían afiliación organizativa ni oficial con las fuerzas armadas y afirmaron falsamente ser agentes del orden´. 

El informe también menciona la compensación económica pagada a las familias, pero varios informes indican que el gobierno intentó silenciar a las familias de las víctimas ofreciéndoles acuerdos económicos para evitar que emprendieran acciones legales. Según informes recibidos por Iran Human Rights, estos pagos fueron selectivos, respondieron a motivaciones políticas y estuvieron condicionados al silencio de las familias. 

El factor más importante que socava la credibilidad de este informe es la negativa de la República Islámica a cooperar con organismos independientes como la FFMI y el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos. Si el gobierno no tuviera nada que ocultar, colaboraría con estos mecanismos internacionales de derechos humanos".