La “Ley para prevenir la financiación de la propagación de armas de destrucción masiva” presentada a la Gran Asamblea Nacional de Turquía por diputados del AKP otorga a las autoridades turcas la posibilidad de nombrar fideicomisarios.

El artículo 15, que otorga al Ministro del Interior la autoridad para designar fideicomisarios para la gestión de las organizaciones no gubernamentales (ONG), fue aceptado con los votos del AKP-MHP. La ley permite al Ministro del Interior destituir a los ejecutivos de asociaciones u organizaciones no gubernamentales que estén acusados ​​de denuncias de terrorismo.

“Un proyecto antidemocrático”

El abogado Veysel Ok, codirector de la Asociación de Estudios Jurídicos y Medios de Comunicación (MLSA), enfatiza que el proyecto de ley fue antidemocrático desde el principio en la forma en que fue adoptado, y que se hizo caso omiso del estado de derecho: “Primero que nada, la forma en que se introdujo esta ley es incorrecta e ilegal. Esta es una forma que el parlamento ha estado haciendo durante años, están reuniendo los artículos que no están relacionados con el proyecto de ley y redactando así colectivamente. Están preparando una iniciativa parlamentaria para prevenir el financiamiento de la propagación de armas de destrucción masiva, pero este artículo se agrega en él. El procedimiento no es democrático. Porque sobre un tema tan importante el parlamento debería consultar con la sociedad civil y hablar con la oposición y preparar una ley. Esto ya demuestra que es antidemocrático desde el principio".

“Ahora hacen legal la ilegalidad”

El abogado Ok dice que acepta el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 como un hito porque se desestimó la personalidad jurídica de miles de ONG y posteriormente fueron cerradas: “Después de esa fecha, representantes de organizaciones no gubernamentales fueron detenidos por realizar obra civil. Osman Kavala, que todavía está encarcelado y cuyo caso ha aparecido recientemente, es un ejemplo de ello. En la acusación se menciona que ha realizado actividades de la sociedad civil. El gobierno ahora está tratando de conseguir esto sobre una base legal. Ahora está convirtiendo la ilegalidad que ha cometido hasta ahora en términos legales. Uno de los artículos más peligrosos de esta ley es la destitución de cualquier ejecutivo de asociación civil que sea investigado por cargos de terrorismo con la autoridad del Ministro del Interior. Hay serios problemas en la independencia judicial en Turquía, se puede iniciar una investigación de terrorismo contra cualquiera. Un oficial de policía del Ministerio del Interior puede mantener un informe sobre usted y llevarlo a la oficina del fiscal para su investigación. El mismo Ministerio del Interior también puede destituirlo. Existe tal contradicción, el despojo de los derechos civiles y la personalidad jurídica de una persona sin ninguna condena o decisión judicial nos muestra que nos esperan días terribles.

“El control financiero llevará a una crisis”

Veysel Ok continuó: '' Ya hay investigaciones y acusaciones en curso dirigidas a administradores y miembros de la sociedad civil. Si bien ya hay una ofensiva, ahora se legalizará el despido. Pero no existe un concepto claro de terrorismo en Turquía. No existe una definición según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay predicciones sobre quién puede ser acusado de terrorismo. Las ideas aceptadas normalmente hace cinco años ahora pueden vincularse al terrorismo o las que se publicaron en un tweet hace años pueden considerarse terroristas hoy. Los derechos democráticos, como participar en una conferencia de prensa, pueden incluirse en una investigación de terrorismo. Naturalmente, esto allana el camino para que la ley se utilice como una herramienta de opresión maliciosa. Por otro lado, existe un concepto llamado financiamiento del terrorismo en esta ley, y es este: existe un control sobre los asuntos financieros de las asociaciones, incluida la recaudación de fondos. Pero cada asociación y cada sociedad civil ya tienen un control financiero y una responsabilidad ante la junta general. Si cede el control financiero al Ministerio del Interior por tiempo indefinido, creará una seria herramienta de opresión sobre las organizaciones y asociaciones no gubernamentales. Sabemos muy bien que los grandes medios de comunicación, como el Doğan Media Group, han sido suprimidos y cambiados a través de la auditoría financiera y métodos similares en el pasado".

“Toda la sociedad será afectada”

El abogado Ok subraya que toda esta regulación legal está dirigida principalmente a reprimir a la sociedad civil, que es la única área de oposición que queda: “Cuando miramos la situación general, el poder judicial ha perdido seriamente su independencia, se ha vuelto disfuncional dentro del marco del sistema presidencial parlamentario. La ley de los colegios de abogados ha cambiado, las cámaras son atacadas, los medios están bajo control. Solo quedaban las organizaciones no gubernamentales para abrazar la democracia y hablar en este sentido. Ahora ellos también están tratando de controlarlo. De hecho, la sociedad civil en Turquía no solo está formada por asociaciones de derechos humanos u ONG. Hay organizaciones no gubernamentales en muchas áreas de asociaciones de pueblos y vecinos.