Preocupados por los movimientos para disolver legalmente el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en Turquía, los líderes del comité de derechos humanos y democracia de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) dijeron que prohibir uno de los mayores partidos políticos del país sería un error y podría socavar aún más los principios democráticos en Turquía. La reciente detención del parlamentario del HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, tras la retirada de su inmunidad parlamentaria, es sólo la última de una larga serie de cargos electos a los que se les ha retirado el mandato, dijeron los miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

Los líderes del comité reconocieron que Turquía se ha enfrentado en el pasado y sigue enfrentándose en la actualidad a graves problemas de seguridad, incluido el terrorismo, y señalaron los esfuerzos que está realizando Turquía en la respuesta internacional a la crisis de los refugiados, acogiendo a más de 3,6 millones de sirios desplazados por la guerra civil siria. No obstante, subrayaron que su respuesta a los desafíos requiere la consolidación de las normas democráticas y el pleno respeto de los derechos humanos.

"La combinación del esfuerzo por prohibir el Partido Democrático de los Pueblos y el repetido encarcelamiento de políticos está teniendo el efecto de negar a millones de ciudadanos turcos la representación que han elegido", dijo Kyriakos Hadjiyianni (Chipre), Presidente de la Comisión de Democracia, Derechos Humanos y Cuestiones Humanitarias de la AP de la OSCE. "Turquía debe adherirse a sus compromisos internacionales, que exigen que los funcionarios debidamente elegidos reciban la protección necesaria para realizar su trabajo hasta el final de sus mandatos. Algunas destituciones se han producido con pruebas poco sólidas, y en el caso del Sr. Gergerlioğlu por tuitear un artículo de prensa".

El vicepresidente de la comisión, Michael Georg Link (Alemania), señaló que las recientes detenciones y las medidas de prohibición del HDP se producen en un contexto de otros acontecimientos preocupantes para los derechos humanos y el Estado de derecho en Turquía. "Desde la reciente decisión de Ankara de anular la ratificación del Convenio de Estambul, jurídicamente vinculante, sobre la violencia contra las mujeres, hasta el actual encarcelamiento de periodistas, y ahora estas medidas para reprimir al HDP, la situación de los derechos humanos en Turquía es cada vez más preocupante a nivel internacional. Estamos siguiendo de cerca los procesos judiciales contra políticos como el Sr. Gergerlioğlu, así como varios periodistas que comparecerán ante los tribunales durante las próximas semanas."

Kari Henriksen (Noruega), que es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y relator de la comisión de derechos humanos, dijo: "Turquía tiene una historia de un vibrante sistema multipartidista, pero las recientes acciones del gobierno socavan esta tradición pluralista. La democracia parlamentaria se basa en el respeto a los diferentes enfoques políticos, opiniones y puntos de vista, y esto no puede ser una razón para la eliminación del parlamento. El cierre de un partido político es una medida drástica y sólo debe tomarse con gran precaución y respetando los más altos principios del debido proceso y la libertad de expresión".

La Asamblea Parlamentaria de la OSCE se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre el Estado de Derecho en Turquía. En 2018, tras una oleada de detenciones en Turquía, los dirigentes del comité de derechos humanos expresaron su preocupación por el hecho de que las autoridades estuvieran atacando a los opositores políticos antes de las elecciones locales, y señalaron que en el Documento de Copenhague de la OSCE de 1990 todos los Estados participantes, incluida Turquía, acordaron "garantizar que los candidatos que obtuvieran el número necesario de votos exigido por la ley se instalaran debidamente en el cargo y se les permitiera permanecer en él hasta que su mandato expirara o llegara a su fin de otro modo, de una manera regulada por la ley de conformidad con los procedimientos parlamentarios y constitucionales democráticos."

En otras declaraciones realizadas en los últimos años se ha expresado la preocupación por la aplicación de las medidas impuestas en el marco del estado de excepción impuesto tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016, como las detenciones de parlamentarios, los despidos de miles de funcionarios públicos de sus puestos de trabajo y la falta de procedimientos legales claros para salvaguardar los derechos individuales.

La Asamblea Parlamentaria de la OSCE fue una de las primeras organizaciones internacionales en visitar Turquía tras el fallido golpe de Estado de 2016 y denunció el intento de toma de poder en los términos más enérgicos.