En plena madrugada del 23 de abril pasado, la policía de Bélgica allanó los canales de televisión kurdos Sterk TV y Medya Haber, que desde hace años tienen sus sedes en Denderleeuw, a poco más de 20 kilómetros de Bruselas. El operativo policial estuvo enmarcado en la total ilegalidad: no existió previo aviso a las autoridades y representantes legales de los medios, además de bloquear el ingreso de los y las trabajadoras a las instalaciones. Los uniformados de la policía federal belga entraron por la fuerza a las oficinas, destruyeron instrumentos de emisión y material de prensa, incluidas muchas de las computadoras.

El diario belga De Standart informó que los allanamientos se produjeron en el contexto de “una orden europea de investigación, y fue a petición de la fiscalía antiterrorista francesa, que está llevando a cabo una investigación sobre la financiación del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK)”. Aunque la Unión  Europea considera al PKK como una “organización terrorista”, Bélgica no adhiere a esta calificación.

El mismo día del operativo, quienes trabajan en Sterk TV y Medya Haber difundieron un comunicado en el que calificaron lo ocurrido como un “ataque ilegal y antidemocrático” en la misma fecha en que se celebraba el Día del Periodismo Kurdo y el 126° aniversario de la publicación del primer periódico en lengua kurmanji.

En la declaración se recordó que en marzo de 2010 la policía belga ya había encabezado otro allanamiento contra los canales de televisión, que emiten desde 1995 en el país. En 1996, la fiscalía federal belga lanzó la denominada Operación Sputnik contra miembros de la junta directiva de los medios, que fueron arrestados y acusados ​​de lavado de dinero procedente de actividades terroristas y trata de personas. Según De Standart, “la defensa pudo demostrar que los testigos anónimos, que afirmaban haber sido extorsionados por el PKK, en realidad habían sido manipulados por la gendarmería”. El juicio contra 17 acusados “terminó en un fracaso”, apuntó el diario belga.

En el comunicado de los y las trabajadoras se refirieron a los procesos anteriores y aseguraron que las “investigaciones y demandas judiciales no fueron concluyentes y nuestras empresas no fueron objeto de sanción alguna, actuando de conformidad con la legislación belga, como demuestra la falta de resultados de las redadas anteriores en nuestras oficinas”.

Para los y las periodistas kurdas en Europa, como para las organizaciones que los representan en ese continente, lo que sucedió en Denderleeuw está vinculado, de forma directa, con la política interna y exterior de Turquía contra el Movimiento de Liberación de Kurdistán. En el comunicado lo denunciaron de forma abierta: “No tenemos ninguna duda de que este ataque ha sido el resultado de relaciones clandestinas (del gobierno belga) con el régimen de Erdogan en Turquía”. Por esta razón, demandaron a Bruselas aclarar “la naturaleza de sus relaciones y negociaciones con Turquía”. Sumado a esto, alertaron que las redadas contra los medios kurdos, “llevadas a cabo sin orden judicial, constituyen una violación de la ley, y nuestros abogados abrirán inmediatamente un procedimiento contra esta incursión ilegal”.

El mismo día de la redada policial en Denderleeuw, la abogada Fien Schreurs, representante de ambos canales de televisión, declaró que nadie conoce los motivos de los allanamientos y que tienen fines oscuros. Por su parte, desde el Congreso de Sociedades Democráticas de Kurdistán en Europa (KCDK-E, por sus siglas originales) afirmaron que Sterk TV y Medya Haber son “los ojos y la voz del pueblo kurdo” y criticaron con dureza al Estado belga porque impulsó las redadas pese a que sus autoridades siempre “hablan de democracia, derechos humanos y libertades”.

En las últimas semanas, hubo movilizaciones y protestas en varias ciudades europeas como Londres, Stuttgart, Viena, Ginebra, Frankfurt, Hamburgo, Atenas, París, Marsella, Saarbrücken, Estrasburgo, Mulhouse, Bellinzona y Winterthur. En todas las acciones se denunció el avasallamiento contra Sterk TV y Medya Haber.

En la actualidad, más de 40 millones de kurdos y kurdas viven en su territorio -ocupado históricamente por los Estados turco, sirio, iraní e iraquí-. En Europa se calcula que al menos tres millones de pobladores kurdos integran una de las diásporas más grandes del mundo. Desde hace casi 100 años, para esos Estados de Medio Oriente todo lo referido a Kurdistán está prohibido o perseguido. En muchas ocasiones, la persecución cruzó las fronteras y alcanzó el territorio europeo. El Estado turco siempre fue el motor de la represión contra los kurdos y las kurdas, por eso desde el movimiento político kurdo vinculado al PKK denuncian de forma constante que Turquía puede reprimirlos con el consentimiento explícito de la OTAN, ya que Ankara aporta el segundo ejército en importancia dentro de la alianza atlántica.  

¿La conexión francesa?

Al mismo tiempo que la policía belga irrumpía en los canales de televisión kurdos, las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a nueve activistas kurdos en las afueras de París y Bouches du Rhône. La orden fue dictada por la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas originales), bajo la acusación de “conspiración criminal terrorista”, “financiación del terrorismo” y “extorsión por banda organizada en relación con una empresa terrorista”, figuras legales similares a las utilizadas por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan contra dirigentes y representantes de las organizaciones kurdas en Turquía. El 28 de abril se conoció que siete de los detenidos recobraron la libertad.

Desde el Consejo Democrático Kurdo en Francia (CDK-F, por sus siglas originales) se afirmó que las acusaciones en contra de los activistas son “infundadas” y que de forma urgente se debe “abandonar los procesos judiciales contra ellos”. En el CDK-F advirtieron que los procesamientos reflejan “una estigmatización injustificada de la comunidad kurda en Francia”.

Las detenciones, según la organización kurda, “demuestran una vez más las maniobras de ciertos segmentos de las autoridades francesas, influidos por los servicios de inteligencia turcos, destinadas a satisfacer las exigencias represivas del régimen de Erdogan. Esta estrategia, que utiliza la justicia como herramienta de política exterior, amenaza los principios mismos de nuestra república democrática”.

En enero de 2013, Francia fue el escenario de los asesinatos de la dirigenta kurda Sakine Canzis y de las activistas Fidan Dogan y Leyla Soylemez. Detrás de estas muertes siempre estuvo la mano de los servicios de inteligencia turcos, según todavía denuncian en el movimiento político kurdo. La complicidad del Poder Judicial francés ante los asesinatos fue evidente. Ömer Güney, el único acusado por el hecho, falleció en 2016, antes de ser juzgado. 

“El periodismo no es un delito”

La persecución, la censura, las detenciones ilegales y el cierre de medios de comunicación conforman una de las bases de la política de Estado en Turquía. Quienes ejercen el periodismo crítico en el país comandado por el presidente Erdogan, saben que en cualquier momento pueden amanecer tras las rejas. Esto se pudo comprobar el mismo 23 de abril, el día en que la policía belga allanaba los canales de televisión kurdos y las fuerzas de seguridad francesas cazaban activistas en los alrededores de París.  

Un total de nueve periodistas fueron detenidos en Estambul, Ankara y Urfa, entre ellos trabajadores de la agencia de noticias Mezopotamya (MA) y del medio Yeni Yaşam. Tres días después, seis de los comunicadores fueron liberados. Los otros tres -Mehmet Aslan, Esra Solin Dal y Erdogan Alayumat-, luego de prestar declaraciones en la fiscalía, recibieron “prisión preventiva”, acusados de supuesta pertenencia a una organización ilegal, referencia sistemática del Estado turco para vincular a cualquier opositor con el PKK. Mehmet Aslan, periodista de Mezopotamya, escribió en sus redes sociales: “Nos han detenido. Nuestro viaje de la verdad no es para un día, sino para toda la vida. Seguiremos escribiendo en este camino. Esperamos volver a vernos en días libres en los que volvamos a reunirnos. El periodismo no es un delito”. 

El 28 de abril, en la agencia Mezompotamya denunciaron que la periodista Esra Solin Dal, recluida en la cárcel de mujeres de Bakırköy, fue desnudada y sometida a un cacheo. En MA calificaron lo ocurrido como “cruel e inhumano” y los abogados defensores de la comunicadora anunciaron una demanda contra las autoridades penitenciarias. El 30 de abril, Esra Solin Dal fue recluida en régimen de aislamiento.

La Asociación de Periodistas de Dicle-Firat (APDF) denunció que “el cacheo al desnudo es una de las formas más graves de tortura contra la dignidad humana”. Antes las permanentes persecuciones contra periodistas kurdos en Turquía, desde la asociación que los nuclea expresaron que “los medios de comunicación libres no pueden dejarse amilanar ni subyugar por agresiones como ésta. Nuestra resistencia a la represión sigue siendo firme, al igual que nuestro compromiso de denunciar la tortura”.

El calvario de Esra Solin Dal todavía no había finalizado. El 4 de mayo, la reconocida defensora de derechos humanos Eren Keskin -copresidenta de la Asociación de Derechos Humanos (IHD, por sus siglas originales) de Turquía- denunció que durante tres días la periodista no recibió alimentos, excepto pan seco y agua. Keskin, que la visitó el 30 de abril, reveló que “los agentes de inteligencia intentaron interrogarla durante la noche, pero ella rechazó esta ilegalidad y dijo que no testificaría sin su abogado. Estaba muy inquieta por esta imposición de la toma de declaración forzada”. Además, Keskin aseguró que en la cárcel a Esra Solin Dal la quisieron obligar a firmar un documento que decía “Soy miembro de una organización ilegal”. La periodista rechazó firmar por considerarlo fuera de la ley.

A principios de año, la APDF presentó un informe sobre la violación de los derechos de los periodistas en Turquía durante 2023. Según la investigación, solo el año pasado 36 periodistas fueron atacados, 43 de sus domicilios registrados, 119 periodistas fueron detenidos y 36 encarcelados. A esto se suma que 64 periodistas fueron maltratados mientras trabajaban, 38 recibieron amenazas y otros 37 periodistas fueron víctimas de agresiones bajo custodia policial. A su vez, 75 comunicadores fueron investigados, 66 procesados judicialmente y otros 44 recibieron condenas firmes, que suman un total de 48 años y nueve meses de prisión, además de recibir multas por un total de 4500 dólares.

Recién el martes pasado, Esra Solin Dal fue liberada. Frente a la prisión de mujeres de Bakırköy, la periodista declaró: “Las presiones ya existían antes. Y por ello nos detuvieron”, pero dejó en claro que nadie en Turquía va a poder “silenciar a los medios libres”.

Fuente: Leandro Albani para Tiempo Argentino