El sexto evento “No a las ejecuciones los sábados”, se realizó en Múnich esta semana llamó la atención sobre la situación de las defensoras de los derechos humanos condenadas a muerte en Irán.

Como parte del evento, se lanzó una petición internacional en favor de Pakshan Azizi, quien fue condenado a muerte el 23 de julio de 2024.

Las y los manifestantes llamaron a la población a mostrar solidaridad contra las políticas represivas del Estado iraní, definiendo la pena de muerte como una injusticia y una clara violación a los derechos humanos.

Los oradores exigieron la revocación inmediata de las condenas a muerte impuestas a Pakshan Azizi, Warisha Moradi y Sharifa Mohammadi, quienes corren riesgo de ejecución inminente. Instaron a todos a alzar la voz para garantizar que se haga justicia.

Pakshan Azizi

La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a muerte a Pakshan Azizi el 23 de julio de 2024. Fue declarada culpable de "rebelión armada contra el Estado" (baghi) únicamente en relación con sus actividades pacíficas por los derechos humanos. Por ejemplo, entre 2014 y 2022, participó en la prestación de apoyo humanitario a mujeres y niños desplazados tras los ataques del Estado Islámico (ISIS) y refugiados en campamentos en el noreste de Siria y la región del Kurdistán iraquí. El 8 de enero de 2025, el Tribunal Supremo confirmó su condena y la pena de muerte. Su solicitud de revisión judicial fue posteriormente rechazada por la Sala Nueve del Tribunal Supremo.

El 4 de agosto de 2023, agentes del Ministerio de Inteligencia arrestaron arbitrariamente a Pakhshan Azizi en Teherán y la trasladaron a la sección 209 de la prisión de Evin, dependiente del Ministerio de Inteligencia, donde la mantuvieron en régimen de aislamiento prolongado durante cinco meses, sin acceso a un abogado ni a su familia. Según fuentes bien informadas, durante este tiempo Pakhshan Azizi fue sometida a tortura y otros malos tratos durante los interrogatorios. Los agentes le dijeron repetidamente que no tenía derecho a vivir y amenazaron con ejecutarla. También la sometieron a violencia de género para obligarla a realizar "confesiones" forzadas sobre sus vínculos con grupos de la oposición kurda, algo que ella negó reiteradamente. A principios de diciembre de 2023, fue trasladada al pabellón de mujeres de la prisión de Evin, donde permanece recluida desde entonces.

En un llamamiento emitido el 7 de febrero, Amnistía Internacional afirmó: "La comunidad internacional debe instar de inmediato a las autoridades iraníes a que detengan la ejecución de la trabajadora humanitaria detenida arbitrariamente Pakhshan Azizi, condenada a muerte tras un juicio manifiestamente injusto ante un Tribunal Revolucionario el año pasado».

"En lugar de enfrentarse a una ejecución inminente, debería ser puesta en libertad de inmediato e incondicionalmente", declaró Amnistía Internacional, señalando que las autoridades iraníes siguen firmemente decididas a utilizar la pena de muerte como herramienta de represión política para infundir miedo en la población.