ANF habló con Ertuğrul Kürkçü, presidente honorario del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), sobre la nueva fase iniciada por el llamado de Abdullah Öcalan y la decisión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de poner fin a la lucha armada. La conversación también abordó el enfoque del gobierno y del Estado hacia el proceso, cómo se presenta ante la opinión pública, los avances respecto a la resolución de la cuestión kurda y los debates en curso sobre la nueva constitución.

En su congreso más reciente, el PKK declaró el fin de la lucha armada y adoptó decisiones radicales para abrir la puerta a un nuevo proceso. Sin embargo, en lugar de activar mecanismos que refuercen este giro, el Estado ha presentado el asunto ante la opinión pública únicamente desde la perspectiva de una narrativa de “una Turquía sin terrorismo”. ¿No reduce esto el alcance de la solución a un marco de seguridad muy estrecho?

Por supuesto, esto es absolutamente así. El gobierno está llevando a cabo un proceso en el que el statu quo cambiará lo menos posible, lo más lentamente posible y lo más tarde posible. Un paso que podría darse en una hora acaba tomando un mes. El régimen se arrastra. Incluso si Bahçeli y Erdoğan terminan convergiendo en un punto común, está claro que operan según parámetros distintos.

Bahçeli ve la ausencia de conflicto como parte de la construcción de un Estado corporativista, mientras que la preocupación principal de Erdoğan no es una solución democrática y política a la cuestión kurda. Lo que le importa es mantener una estructura de poder unificada centrada en el complejo militar-industrial y conservar el dominio político como una hegemonía dinástica. Para Erdoğan, cualquier paso potencial respecto a la cuestión kurda —si se tomará, cuándo y cómo— se evalúa únicamente en función de su rentabilidad electoral o de si puede servir como torniquete para frenar la pérdida de apoyo.

Erdoğan ya logró esto antes insistiendo en la “no solución”. Aunque no pudo derrotar al PKK con la llamada “Operación Colapso”, experimentó cómo la estrategia basada en la seguridad centrada en esta operación podía consolidar su poder, y su régimen obtuvo enormes beneficios de ella. Es imposible para quienes están en el poder renunciar a la comodidad que se ha incrustado en sus propios huesos.

Además, todas las simulaciones políticas sugieren que esta nueva “apertura” seguirá costándole al Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), que ha soportado la carga principal de este proceso frente a la base nacionalista, hasta las próximas elecciones. Aunque el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) recupere algunos puntos mediante su confrontación abierta con el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el MHP continúa en declive. Todos los escenarios indican que, salvo un milagro, la Alianza Popular no podrá obtener los 360 o 400 escaños necesarios para cambiar la constitución, ni podrá generar ninguna nueva dinámica de poder con este movimiento para reforzar o mantener el control.

Por eso, los reflejos del régimen serán aún más condicionados, con cada paso potencial sujeto a si cumple la función de preservar el poder. La narrativa de una “Turquía sin terrorismo” ya parte de la aceptación previa de este marco.

Como todos los eslóganes que extraen su fuerza del pasado en lugar del futuro, esta formulación no tiene como objetivo servir a los derechos de los kurdos. Más bien, busca legitimar la dominación, con todas sus implicaciones, y depende enteramente de si puede fabricar consenso público para el ascenso de Erdoğan y su dinastía desde la “Operación Colapso” hacia el “dominio eterno”.

Se está discutiendo una comisión parlamentaria para gestionar el proceso. El líder del MHP, Devlet Bahçeli, y el presidente del Parlamento, Numan Kurtulmuş, han pedido la creación de dicho organismo. En su opinión, ¿estas propuestas reflejan una voluntad genuina de resolver el problema, o son una forma del poder gobernante de dilatar el asunto y gestionarlo?

Bajo la arquitectura actual del régimen, la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM) ocupa un lugar inferior al del Presidente en la jerarquía del poder. Con las enmiendas legales aprobadas esta semana en la Asamblea General, el Parlamento continúa transfiriendo su autoridad al Presidente. Al final, la TBMM no está ni autorizada ni obligada a “gestionar un proceso”. Vale la pena recordar que lo que se llama el “Sistema de Gobierno Presidencial” se inventó precisamente para que el Palacio no tuviera que compartir el poder ejecutivo con nadie.

Además, incluso si el Parlamento no hace más que hablar, la alianza del AKP y el MHP ya tiene la mayoría absoluta necesaria para moldear ese discurso. Bahçeli propuso que la “Estrategia para una Turquía sin Terrorismo en el Nuevo Siglo; Comisión para la Unidad y Solidaridad Nacional”, que sugirió que presidiera Kurtulmuş, tome decisiones por mayoría absoluta. Aunque Bahçeli contempla que la comisión tenga 100 miembros que representen a los 16 partidos del Parlamento, asegurando al menos un representante por cada partido y representación proporcional para los que tienen grupo parlamentario, estas inclusiones estructurales no cambian el hecho de que la comisión, debido a la toma de decisiones por mayoría, funcionaría como un “parlamento interior” alineado con las directrices del Palacio.

Dicho esto, si la comisión comienza a trabajar, podría cumplir una doble función: podría convertirse en una plataforma de participación para los grupos de oposición social, el pueblo kurdo y otros actores implicados en el proceso de resolución. Pero los partidos de la dictadura usarán este escenario para imponer una narrativa enraizada en fantasías ultranacionalistas y retóricas de venganza, con el objetivo de deslegitimar los esfuerzos genuinos de resolución y bloquear cualquier cambio estructural significativo.

En cambio, las fuerzas democráticas, pro-libertad y anti-dictadura podrían utilizar esta plataforma como un podio para hablar más allá de los muros del Parlamento y hacia la sociedad. Podría convertirse en un espacio donde se desmantele el argumentario basado en la seguridad del régimen y donde resuenen los llamados a una república democrática y social.

La intención de Bahçeli al proponer esta idea no es verdaderamente crear un órgano de negociación y resolución, sino construir un escenario para el teatro político. Este espacio es necesario para mostrar a la base nacionalista del régimen que el vacío político dejado por el desarme y la autodisolución del PKK no está siendo ocupado por representantes políticos kurdos y, por tanto, no hay razón para sentirse derrotados.

De este modo, el régimen espera crear la impresión de que todos los actores políticos, incluidos los representantes de los kurdos, están convergiendo en torno a la estructura gobernante. Esto ayudaría a difundir una sensación de “unidad y cohesión nacional”, aliviando la presión sobre el régimen. En resumen, la propuesta no es solo una puesta en escena, pero tampoco está destinada a ser una verdadera “mesa de negociación” entre kurdos y turcos.

Aun así, las dinámicas de oposición democrática y social dentro del Parlamento, especialmente el Partido DEM, aún pueden utilizar esta comisión para abrir una ventana de diálogo real con la sociedad. El principal desafío es que el Partido DEM cree canales de comunicación que vayan más allá del Parlamento y conecten con el público en general, desarrollando un campo de acción y discurso fuera de los medios progubernamentales y convencionales.

Si se va a formar una comisión parlamentaria de este tipo, entonces, además de quienes participen directamente en su trabajo, todo el grupo parlamentario del Partido DEM y sus ramas locales deberían centrarse en construir un relato que lleve lo que está ocurriendo al pueblo en sus propios términos, reencuadrándolo dentro de las luchas sociales y políticas en curso.

Según las encuestas de opinión pública, nuestra propia experiencia política y los reflejos de nuestro activismo, vemos que los problemas económicos son la prioridad principal que configura el comportamiento político de la sociedad, seguidos por la justicia y el Estado de derecho, y el desempleo. La seguridad (conflicto/no conflicto) y la cuestión kurda entran en la agenda política pública solo después de esto.

Por todas estas razones, no es posible hablar de una verdadera resolución del conflicto que gane legitimidad social dentro de los límites de la “Comisión para la Unidad y Solidaridad Nacional” propuesta por Bahçeli. Aun así, por las razones que mencioné antes, incluso esta plataforma es mejor que nada. También podría permitir que la propia Gran Asamblea Nacional de Turquía avance hacia un terreno común, en lugar de que el Partido DEM tenga que ir de partido en partido. Esto puede ayudar a generar una nueva sinergia dentro del proceso.

A medida que continúan los debates sobre la nueva constitución, ¿por qué se ignora el llamado de Abdullah Öcalan a un nuevo “contrato social” que redefina la relación entre kurdos y turcos? ¿Puede una “nueva constitución” ser realmente nueva sin abordar la cuestión kurda a nivel constitucional?

En mi opinión, no hay ninguna razón racional para que los kurdos, los demócratas, los socialistas y los representantes de las clases y pueblos oprimidos se sientan ansiosos ante una “nueva constitución”. Dado el equilibrio actual de poder político, es tan probable que los partidos que dominan la TBMM y la presidencia contribuyan a una constitución democrática sin presión de la sociedad o sin verse forzados a hacerlo, como lo es que un “tigre se vuelva vegetariano”.

¿Qué credibilidad tiene asumir que quienes han declarado públicamente que no acatarán los fallos del Tribunal Constitucional, y que continúan su “operación de colapso” contra las municipalidades metropolitana y distrital de Estambul, redactarán una constitución que abra camino a la autogestión en las regiones kurdas?

Además, ¿cómo puede alguien afirmar que tal constitución podría negociarse en un Parlamento donde todas las referencias esenciales para una definición democrática de ciudadanía —una que no se base en religión, idioma o etnia— ya han sido prohibidas por el Reglamento Interno parlamentario?

Como se indica claramente en el artículo 161, párrafo 3 del Reglamento Interno, está prohibido en la TBMM “insultar o maldecir la historia y el pasado común de la nación turca, el orden constitucional definido en los primeros cuatro artículos de la Constitución, o hacer definiciones que contradigan la estructura administrativa basada en la integridad indivisible del país y la nación.”

Bajo la interpretación más restrictiva de “insulto” en un contexto dictatorial —donde referirse al régimen actual como “dictadura”, reconocer el genocidio armenio de 1915-18, mencionar las masacres de kurdos entre 1921 y 1937, o sugerir que la estructura administrativa de Turquía debe cambiarse en base a derechos colectivos están efectivamente prohibidos— ¿puede entregarse uno a tales sueños constitucionales sin caer en la autoengaño?

Por supuesto, si uno está dispuesto a pagar el precio, aún es posible expresar todo esto desde el atril parlamentario. Y naturalmente, las fuerzas democráticas, revolucionarias y socialistas en el Parlamento pueden discutir cómo usar tales oportunidades para presionar por un Parlamento libre de prohibiciones. Sin embargo, tanto el lenguaje de la TBMM como el de la sociedad podrían, de hecho, abordar todo esto no mediante enmiendas constitucionales, sino a través de una serie de leyes que podrían aprobarse mañana con una simple mayoría. Todas las suposiciones sobre el futuro de Turquía y Kurdistán podrían debatirse a fondo y abiertamente, y la agenda social podría esclarecerse.

Una propuesta para una nueva constitución “civil”, presentada sin mover un dedo para hacer lo que podría hacerse inmediatamente —como iniciar mejoras que liberen a los presos gravemente enfermos— revela que sus proponentes no buscan una resolución genuina. En cambio, muestra que su objetivo real es ajustar los artículos constitucionales sobre las elecciones presidenciales para que coincidan mejor con los resultados de las encuestas.

Si la intención es verdaderamente redactar una constitución “civil”, entonces empiecen por cumplir los compromisos asumidos al retomar el contacto con el Consejo de Europa: introduzcan reformas legales para ampliar la libertad de expresión y asociación, mejoren el trato a los detenidos y garanticen la protección de los derechos culturales kurdos. Cumplan con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En este contexto, no resulta difícil entender por qué se ignoran tanto la propuesta de Abdullah Öcalan de un “contrato social” para resolver la cuestión kurda como las muchas propuestas de enmienda constitucional presentadas al Parlamento desde los tiempos del Partido de la Democracia (DEP). Aun así, como he dicho, aunque esta comisión se establezca con otros fines, confío en que las y los diputados que hemos enviado al Parlamento empiecen derribando las barreras a la libertad de expresión y planteen las demandas de los pueblos con los conceptos y términos que desean oír quienes les eligieron.

¿Pueden el CHP y otros partidos de la oposición desarrollar una postura sólida y democrática en el debate constitucional? ¿Ha logrado la oposición ir más allá de los límites del Estado en la cuestión kurda, o puede hacerlo? En estas circunstancias, ¿qué estrategia política deberían adoptar el Partido DEM y otras fuerzas progresistas?

Veo que el CHP está librando una lucha extremadamente difícil bajo una presión intensa, y que se mantiene firme con determinación. Esta lucha está transformando al partido, a su liderazgo, a su militancia y a su base, en muchos sentidos: desde el lenguaje y el discurso hasta la actitud y la postura política. Desde el intento de golpe contra el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul el 19 de marzo, el CHP está atravesando una transformación profunda. Y no es un proceso unidimensional. Mientras que la mayoría resiste, se fortalece y mantiene el diálogo con otros sectores de la oposición al enfrentarse al régimen, también hay quienes buscan acercarse a la dictadura y quienes han cambiado de bando.

Pero observo una corriente creciente dentro del CHP que impulsa una refundación de la República, esta vez incluyendo los derechos de kurdos y alevíes. El pueblo kurdo observa este desarrollo con atención e interés. A medida que los miembros del CHP experimentan la represión estatal en el corazón de Estambul, creo que están empezando a comprender mejor cómo los kurdos han soportado en silencio sufrimientos mucho mayores en regiones remotas durante los últimos cuarenta años. Ahora es el momento de la solidaridad. Nadie debería ser sometido a esto. No se debería permitir que nadie sufra semejante injusticia.

Esperar que una tradición política arraigada en casi un siglo de ideas, hábitos y convenciones cambie fundamentalmente de la noche a la mañana sería irreal. Las fuerzas democráticas y sociales de Turquía y Kurdistán no surgieron de tradiciones socialistas o socialdemócratas modernas. El Estado turco moderno se construyó dentro de un marco político donde el Estado lo era todo y la sociedad nada. Pero a medida que la política se aproximaba a la sociedad bajo el disfraz del Estado, la sociedad respondió desde el campo hasta las ciudades, desde los barrios marginales hasta los partidos políticos y los sindicatos, llevando consigo las tradiciones rebeldes y democráticas forjadas durante milenios en Anatolia y Mesopotamia.

Dentro de este flujo, el CHP sigue atravesando una metamorfosis. Esta “rebelión anatolia” actúa como una especie de vacuna desde abajo, mezclada con las lecciones de las luchas sociales globales desde arriba y moldeada por los recursos humanos disponibles. Esta transformación debe tener una oportunidad, porque el CHP se enfrenta a un desafío existencial. Así como la dictadura continúa su asalto sin renunciar a ninguna de las formas de dominación acumuladas desde la época de Nizamülmülk, quienes enfrentan este desafío solo pueden superarlo reuniendo todo el conocimiento histórico, local y global, y toda la cultura de resistencia y rebelión. Ellos serán quienes lo logren. Pero si pierden, todos perderemos. Por eso, esta no es una lucha que podamos permitirnos observar desde la barrera.

Hoy en día, puede que no tengamos organizaciones políticas muy estructuradas bajo los golpes de Estado ininterrumpidos que vivimos desde el 12 de septiembre de 1980, pero sí tenemos una poderosa cultura revolucionaria alimentada por el legado de la rebelión y fuertes tradiciones de lucha social y solidaridad. La decisión del PKK de disolverse y abandonar la lucha armada ha abierto de hecho el camino para que la energía revolucionaria del pueblo kurdo fluya con mayor libertad.

Debemos hacer un balance de los últimos diez años

La verdad es que, si Turquía y Kurdistán no han sucumbido al fascismo durante la última década, si la oposición ha logrado persistir, se lo debemos enteramente a la guerra de trincheras táctica desarrollada gracias a la experiencia histórica, el conocimiento y la determinación del pueblo kurdo y a las dinámicas de oposición social y democrática en Turquía. También es gracias a su capacidad para buscar y encontrar aliados, y para entablar una lucha conjunta a través de un lenguaje y unas acciones unificadoras.

Podemos decir con plena confianza que el brazo civil y sociopolítico de la “Operación Colapso” fue finalmente neutralizado por la persistencia política de los pueblos, mediante su propia experiencia, sabiduría colectiva e insistencia paciente.

Por encima de todo, debemos realizar un balance de los últimos diez años. Debemos analizar adecuadamente las tácticas de “respuesta flexible” adoptadas por los trabajadores kurdos y turcos en las metrópolis durante cada asalto crítico del régimen y cada intento de suprimir la disidencia. Si bien los acuerdos políticos entre fuerzas organizadas son importantes, también debemos crear vías para alianzas de base y solidaridad entre comunidades.

Aunque los pueblos no hayan confrontado directamente a la dictadura en una batalla campal, debemos aprender de su negativa a dejarse seducir o engañar por ella.

Hoy, la cuestión más urgente es evitar que el estado de no-conflicto se convierta en una oportunidad para que la dictadura se recrudezca, y en su lugar abrir el camino hacia una alianza de fuerzas sociales y democráticas de oposición que apunte a un verdadero “Estado sin terrorismo”.