El desplazamiento afecta a los residentes de zonas como Torrentes, San Juanillo, las Arañas, el Cedral y Santa Ana.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado esta situación, señalando la presencia de grupos armados en la zona como el principal motivo de los desplazamientos. Estos grupos violentos imponen el control de las rutas de tráfico y los cultivos ilícitos. Estas circunstancias también incrementan las amenazas contra los líderes y defensores sociales. 

Oscar Yesid Zapata, vocero de la organización Nodo Antioquía, explicó que la comunidad se declaró en desplazamiento forzado porque no percibe garantías ante esta situación, provocada por la presión de los grupos armados.

Zapata también afirmó que el funcionario que debe gestionar el movimiento y dar respuesta al desplazado está fuera del municipio.

Las organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno del presidente colombiano Iván Duque de ser irresponsable por no aplicar los acuerdos de paz para resolver la situación de los cultivos ilícitos.