Mauro Palma, Presidente del Centro Penitenciario Europeo de la Universidad Roma Tre, antiguo Garante Nacional de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad (Mecanismo Nacional de Prevención italiano, en virtud del OPCAT de la ONU), y antiguo Presidente del CPT, escribió una carta abierta sobre la situación de Abdullah Ōcalan, y el antiguo Senador y Diputado italiano, y portavoz del comité Ha llegado la hora - Libertad para Ōcalan la envió al CPT.

La carta subrayaba que el organismo europeo "aunque no interfiere en la legislación de los Estados individuales, siempre ha establecido el principio de que toda condena debe tener una oportunidad de reintegración positiva en la comunidad, dando así sentido al momento de la ejecución penal."

La carta decía: "Nunca he creído que la cadena perpetua sea una pena compatible con el respeto a la persona, especialmente cuando no es posible revisarla después de un número considerable de años; es decir, cuando se trata de una cadena perpetua sin posibilidad de esperanza. Además, esta postura coincide con lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Incluso el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que he presidido en años pasados, aunque no interfiere en la legislación de cada Estado, siempre ha establecido el principio de que toda condena debe tener una posibilidad de reinserción positiva en la comunidad, dando así sentido al tiempo de la ejecución penal."

La carta continuaba: "Este principio es aún más relevante cuando la persona condenada a cadena perpetua acaba siendo 'esclava' de una disputa política que asigna implícitamente a su detención una función de mensaje y una connotación simbólica que va más allá de la consideración de la persona, de su evolución, de su subjetividad. La persona detenida acaba así convirtiéndose casi en "rehén" de algo que trasciende su comportamiento de detención y su posibilidad de interlocución.

Más aún cuando las condiciones de detención reducen al mínimo las posibilidades de socialización, tomando casi la forma de segregación del resto de la población detenida y reservando la sociabilidad a ese mínimo que hace que la propia palabra "sociabilidad" pierda su significado y roce el aislamiento absoluto. Y más aún cuando la ubicación del lugar de detención dificulta, cuando no imposibilita, la contribución de los familiares, seres queridos e incluso abogados".

La carta añadía: "Todos estos elementos coinciden en la detención de Abudllah Ōcalan recluido en la prisión de la isla de Imrali, en el Mar de Mármara, desde finales del siglo pasado y durante casi una década en total aislamiento, amortiguado entonces por la pseudosocialización de un grupo muy reducido de otras personas recluidas bajo el mismo régimen.

Las condiciones de aséptica desvinculación de la realidad social que su detención determina en sí misma -y de las que he tenido ocasión de constatar directamente, así como de leer en los Informes publicados por el CPT- hacen insostenible, después de muchos años, la continuación de un régimen que nunca ha sido revisado y que se ha convertido cada vez más en elemento de un conflicto que va más allá de la persona y se inscribe en una disputa que tiene otros foros de discusión, tensión y posible solución, que nada tienen que ver con la materialidad simbólica de su permanencia en esa prisión y en ese régimen de detención. Por eso creo que los órganos de control europeos deben volver a interesarse por su situación de detención, volver a comprobarla directamente para encontrar la manera de que entre dentro de los parámetros de esas normas que Europa quiere afirmar en todos los países y para todos."