Música kurda como prueba en un juicio por terrorismo
En Mersin se han presentado cargos contra once activistas del HDP acusados de pertenencia al PKK. La música en kurdo, entre otras cosas, se utiliza como prueba.
En Mersin se han presentado cargos contra once activistas del HDP acusados de pertenencia al PKK. La música en kurdo, entre otras cosas, se utiliza como prueba.
La Fiscalía de Mersin ha presentado cargos contra casi una docena de miembros del HDP. La acusación ya ha sido aceptada formalmente por una de las principales salas de lo penal de la provincia del sur de Turquía. Sin embargo, el tribunal tiene previsto fijar la fecha de inicio del juicio más adelante.
Once personas están acusadas en el caso. Todas ellas son personas de origen kurdo activas en la política local. Siete de ellas están detenidas desde mayo pasado por "fuertes sospechas de pertenencia a organización terrorista". Se trata de un ex copresidente de la asociación de distrito del HDP en Yenişehir y seis activistas varones del consejo juvenil del partido.
La presunta "organización terrorista" a la que supuestamente pertenecen los afectados es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Según la fiscalía, existen numerosas pruebas que respaldan las supuestas conexiones del acusado con el PKK. Entre ellas, invitaciones a una conferencia de las juventudes del HDP compartidas en diversas redes sociales y declaraciones a la prensa kurda sobre el aislamiento de Abdullah Öcalan.
La participación del acusado en actos culturales y políticos del HDP, así como en funerales de presos políticos, también es interpretada por la fiscalía como prueba de pertenencia al PKK. A uno de los activistas juveniles también se le acusa de "demostrar su conexión ideológica con el PKK" escuchando música en kurdo en su coche.
En otras partes de la acusación se citan más canciones kurdas como prueba contra los activistas. Las canciones se han escuchado en domicilios particulares y en lugares públicos, como cafeterías. Al parecer, los jóvenes activistas fueron escuchados ilegalmente por la policía durante meses. La fiscalía acusa a un activista gravemente discapacitado que depende de una silla de ruedas de colocar "letras ilegales" en las fachadas de las casas en 2016.