El 11 de junio, 28 jóvenes activistas fueron detenidos por orden de la Fiscalía General de Mersin en Adana, Kütahya, Amed y Bingöl, en el Kurdistán turco. Tras diez días de interrogatorio y detención, los detenidos pasaron a disposición judicial ayer martes. La fiscalía pedía la detención de 20 de ellos por "pertenencia a una organización terrorista", es decir, al PKK.
El juez siguió las peticiones de la fiscalía en ocho de los casos, enviando a ocho jóvenes a prisión preventiva. Los 20 activistas restantes fueron puestos en libertad bajo supervisión judicial.
El Estado turco utiliza sistemáticamente párrafos antiterroristas para silenciar cualquier disidencia. Los "likes" en los posts críticos contra el régimen son suficientes para dictaminar numerosos años de prisión en el sistema turco.