Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del suroeste de Colombia concentrados en el territorio ancestral de Sa'th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, departamento del Cauca, que participan en la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz, han emitido un comunicado en el que denuncian que el "21 de marzo se ha llevado a cabo una masacre que ha dejado un saldo de ocho guardias indígenas muertos y cuatro gravemente heridos. Los guardias se encargaron de la logística para sumarse a la movilización que se está llevando a cabo en el suroeste de Colombia en el sector de Delfina".

La declaración continuó: "Teniendo en cuenta que el sitio del Delfina era pequeño para atender a los más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, reserva indígena del municipio Papitas de Dagua.

En este lugar se realizaron trabajos logísticos, una vez terminados los trabajos de adecuación del sitio, los guardias estaban descansando dentro de una casa cuando minutos después, aproximadamente a las 3 de la tarde, se produjo una explosión. Según el consejero de derechos humanos de la ORIVAC, `una persona supuestamente arrojó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas e hiriendo gravemente a otros tres pertenecientes a los pueblos Waunan, Nasa y Embera'".

Los indígenas y los organizadores de la huelga social " instamos al Gobierno Nacional a que investigue estos lamentables hechos ocurridos en medio de la movilización y respete los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica de acuerdo a nuestra Constitución Política y a lo establecido en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas".

Las organizaciones indígenas también "hacen un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias, acompañen a las comunidades y a las familias afectadas por esta masacre que tuvo como objetivo a la Minga social del suroccidente colombiano".