Las organizaciones de la sociedad civil de la provincia kurda de Hakkari (Colemêrg) consideran que la condena a prisión dictada contra el político del HDP Cihan Karaman es un ejemplo concreto del uso del derecho penal contra la oposición. Con el veredicto contra el teniente de alcalde destituido, el poder judicial turco ha demostrado una vez más que no es independiente y que se utiliza como instrumento del gobierno.

El ex alcalde Cihan Karaman fue condenado por primera vez a 25 meses de prisión por un tribunal de Colemêrg a principios de 2021 por "actividades terroristas". La acusación se basaba esencialmente en el testimonio de un testigo anónimo. Entre otras cosas, el político fue acusado de seguir "órdenes de la organización ilegal" (es decir, del PKK) al aplicar el sistema de copresidentes. Karaman también fue acusado de asistir a un "funeral terrorista". El político dijo ante el tribunal: "Era mi hijo".

Un tribunal regional de apelaciones de Van anuló la sentencia de Karaman y devolvió el caso al tribunal de primera instancia para que se celebrara una nueva vista y se adoptara una nueva decisión. Karaman, de 45 años, fue condenado de nuevo el jueves pasado, esta vez a diez años y medio de prisión por presunta pertenencia al PKK. Karaman fue detenido en la sala del tribunal por presunto riesgo de fuga y trasladado a una prisión local de alta seguridad. Según la legislación turca, la excarcelación anticipada sólo puede concederse una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena.

Víctima de una farsa judicial

"Cihan Karaman es víctima de una farsa judicial", ha declarado el abogado Azad Özer, añadiendo que la orden de detención es ilegal antes de que la decisión sea firme. "Nuestro cliente participó en todas las vistas. Su esposa también está en prisión y él no tiene pasaporte. Por tanto, detenerlo por riesgo de fuga carece de fundamento. La detención de Karaman representa un ataque a nuestra ciudad que no aceptaremos".

Las leyes antiterroristas desoyen la voluntad del electorado

El abogado Özer dijo: "Nos enfrentamos a la instauración gradual de un régimen en el que los cargos electos ya no son elegidos, sino nombrados. Con sentencias ilegales, el poder judicial legitima esta injusticia: el castigo de toda una sociedad."

La defensa prepara el recurso

La política local representa la columna vertebral de la democracia y es la esencia de las sociedades democráticas, dijo el abogado Özer, añadiendo que el hecho de que el gobierno turco lleve años intentando aplastar este principio demuestra la "campaña de aniquilación contra la democracia" que está llevando a cabo. "Necesitamos desarrollar una comprensión más refinada de la democracia local -dijo el abogado- orientada a la participación directa de los ciudadanos en el gobierno y a darles voz. Es responsabilidad de todos nosotros garantizar la democracia local construyendo un sistema verdaderamente democrático."

hace casi cuatro años. En 48 de los 65 municipios ganados por el HDP, el gobierno turco destituyó a los alcaldes electos y los sustituyó por administradores estatales. En seis municipios, los elegidos ni siquiera pudieron tomar posesión porque el comité electoral se negó a reconocerlos. En su lugar, los candidatos del AKP que fueron derrotados en las elecciones fueron declarados alcaldes. Hoy, sólo seis ayuntamientos están gobernados por el HDP.