Presidente de Colombia anuncia plan de seguridad para ex guerrilleros

El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó este fin de semana la adopción de 23 medidas para garantizar la seguridad de los más de 13,000 ex guerrilleros de las FARC-EP que respaldaron los Acuerdos de Paz, firmados en noviembre de 2016.

El Presidente hizo el anuncio en la ciudad de Bello, en la región de Antioquia, después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, y esperaba contener las fuertes críticas, tanto internas como internacionales, contra la pasividad del Gobierno ante los asesinatos constantes de ex líderes guerrilleros y activistas sociales.

Duque afirmó que las medidas se han adoptado porque "existe una preocupación legítima y natural en lo que tiene que ver con la protección de todos los ex combatientes que están en proceso de reincorporación".

Sin especificar detalles, el Presidente mencionó que entre los acuerdos adoptados se encuentran: la creación de un cuerpo de élite en la Policía Nacional, un Centro de Información integrado, coordinado por el Ministerio de Defensa, y el fortalecimiento del Plan Nacional de Protección (diseñado para proteger a los antiguos líderes guerrilleros).

Las medidas hechas públicas también incluyen una mejora en las tareas de control y vigilancia, abiertas y coordinadas entre las diferentes autoridades; una campaña para mitigar los riesgos de la estigmatización de los ex insurgentes y la promoción de días de autoprotección y seguridad para ellos.

Las medidas del gobierno se anuncian dos años y medio después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC-EP, un período en el que 135 ex guerrilleros fueron asesinados. A estos hay que añadir 11 desapariciones forzadas y 16 intentos de ataques contra ex guerrilleros, en lo que parece haberse convertido en una política de exterminio planificado, ante la cual se manifiesta la inacción de las autoridades.

Esta realidad sangrante se agrava por el asesinato, en el mismo período, de más de 700 líderes sociales y comunitarios, casi todos impunes. Ante esta realidad, tanto el partido de las FARC como otras fuerzas de la izquierda colombiana, junto con algunos de los países de los observadores internacionales y garantes de los Acuerdos, hablaron sobre un proceso de paz frustrado.

Una percepción basada no solo en el alto número de asesinatos, sino también en la firme oposición a los acuerdos expresados ​​por el propio Duke al ganar las elecciones, y sus intentos posteriores de variar su contenido a través de propuestas legislativas, que fueron rechazadas primero por el Parlamento y finalmente por el Tribunal Constitucional.

El anuncio de medidas para detener la ola de asesinatos de ex guerrilleros se produce dos semanas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un cuerpo judicial específico creado para la implementación de los Acuerdos, anunció una investigación a fondo sobre los asesinatos de las ex guerrillas en proceso de reincorporación social y política.

Más allá de las palabras y los anuncios, tanto el partido FARC como la sociedad colombiana, junto con los garantes del proceso de paz, medirán la voluntad real y la eficiencia de las medidas anunciadas por el Presidente.

Como si se tratara de un desafío, en la ciudad de Tulúa, Valle del Cauca, fue asesinado José Arled Muñoz, quien había sido desplazado por la fuerza, pocas horas después del anuncio del Presidente.