Los kurdos sirios lucharon contra los extremistas islamistas armados de Daesh, liberando así a las poblaciones árabes, asirias, armenias, turcomanas, yazidíes. Este pueblo ha sido objeto de violentos y mortíferos ataques desde 2018 por parte de Turquía, que no puede tolerar el fortalecimiento de una población kurda en un territorio vecino al propio, donde reprime muy duramente a una población kurda que se niega a asimilarse al modelo turco.

El actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, defiende la idea de una especie de imperialismo otomano, pero también es un musulmán tradicional, por lo que rechaza cualquier avance en los derechos de las mujeres, en particular. Sin embargo, Rojava y su administración autónoma, aunque no esté formalmente reconocida por la “nueva Siria” o por la “comunidad internacional”, ilustra un modelo de democracia, igualdad de género, coexistencia étnica, gran tolerancia religiosa, con una gestión basada en el modelo “comunal” y un desarrollo económico que favorece el modelo cooperativo. Un modelo inaceptable para los musulmanes que se adhieren a la más rigurosa ley Sharia, y menos aún para las autoridades turcas que imponen un poder político que no siempre respeta los principios democráticos y que teme un contagio político en las zonas kurdas de Turquía.

Es por ello que, desde hace años, las kurdas de Rojava han sido el blanco principal de incesantes ataques del ejército turco y sus mercenarios y proxys, muchos de ellos milicianos de Daesh recuperados, financiados y armados por los turcos. Las ofensivas se han multiplicado desde la reciente caída del régimen sirio.

Turquía y su ejército actúan con total impunidad a pesar de los cientos de muertos, heridos, desplazamientos forzados de población, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violaciones y bombardeos de escuelas, estructuras sanitarias, infraestructuras energéticas, etc. Hay informes e investigaciones de la ONU, de Human Rights Watch (HRW), de Amnistía Internacional (AI), pero políticamente no se mueve nada. Un pueblo entero está sometido a crueles intentos de limpieza étnica, a una persecución constante, a una erradicación progresiva de su cultura hasta el punto de que empezamos a comparar su situación con la tragedia de los palestinos de Gaza y Cisjordania, sometidos a ataques genocidas.

Los kurdos están intentando por todos los medios alertar a las autoridades internacionales y a la opinión pública sobre la tragedia que se desarrolla en Rojava. Los periodistas se enfrentan a peligros a la hora de dar testimonio: muchos de ellos mueren en atentados o en prisión.

Por ello, recurrieron a una notable organización ciudadana: el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que defiende las causas más graves y más ignoradas ante la opinión pública y los organismos internacionales, con la esperanza de que una jurisdicción internacional tome el caso con las herramientas del derecho internacional y la fuerza de los acuerdos internacionales.

En su 54ª edición, el TPP se celebró en Bruselas los días 5 y 6 de febrero, en el auditorio de la Vrij Universiteit van Brussels.

El equipo de fiscales, dirigido por el abogado belga Jan Fermon, elaboró un escrito de acusación sólido y conmovedor contra el presidente turco, su ministro de Defensa (de 2018 a 2023), Hulusi Akar, contra Yasar Güler, comandante en jefe y actual ministro de Defensa, así como el general Umit Dündar. Testimonios escritos o en línea, fotografías, vídeos, informes de diversos organismos oficiales u ONG han descrito esta tragedia que el mundo no quiere ver: bombardeos de pueblos para expulsar a la población kurda a otras zonas, encarcelamientos y torturas, especialmente de mujeres, para empujar a las familias de las víctimas a huir, a abandonar sus hogares, sus propiedades asignadas a árabes sunitas, turcomanos y refugiados sirios expulsados ​​por Turquía. Este país administra los territorios kurdos (de Rojava) conquistados y comercia con productos agrícolas y otros, lo que constituye una violación de la soberanía siria. La lengua kurda está prohibida en las escuelas. La limpieza étnica se cuantifica: desde que la ciudad de Afrin fue ocupada por los turcos en 2018, la población kurda ha caído del 90% al 25%. Algunos grupos de refugiados se vieron obligados a huir nuevamente debido a los bombardeos selectivos. Se estima que más de 300.000 personas han sido desplazadas, todas ellas civiles, de las cuales el 40% son niños y el mismo número mujeres.

Durante las sesiones de este tribunal popular, terribles testimonios describieron el atroz destino reservado a las mujeres kurdas, encarceladas arbitrariamente, convertidas en esclavas sexuales de sus carceleros y deshonradas para siempre. Hemos visto fotografías de niños mutilados por bombas, acribillados a balazos y heridos por un agente químico identificado formalmente como fósforo blanco, prohibido por las Convenciones de Ginebra.

Hemos visto vídeos que muestran bombardeos de aviones no tripulados contra objetivos civiles: escuelas mientras los niños jugaban en el patio, una imprenta en medio de una zona residencial, sobre casas habitadas, contra una multitud manifestándose bailando contra los daños infligidos a una central eléctrica bombardeada, y bombas lanzadas en una segunda oleada para alcanzar a los rescatistas y a la población que acudía en ayuda de los heridos.

Todo esto y más fue certificado, validado, haciendo aún más inaceptable el silencio de nuestros dirigentes.

Los jueces de este tribunal ciudadano, del que tuve el honor de formar parte, reconocieron la verdad de todo esto y la evidente responsabilidad del presidente turco, de sus ministros y de sus generales, quienes además reivindicaron algunos de estos hechos en comunicados de prensa, artículos e incluso en tuits de propaganda. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad: los jueces de este tribunal ciudadano detallarán legalmente estos crímenes.

Los jueces ya han pedido al nuevo gobierno sirio que proteja y reconozca el territorio autónomo de Rojava. Instaron también a la comunidad internacional a reconocer a la AADNES como una administración representativa de un pueblo que ha elegido gobernarse a sí mismo. Y sobre todo, garantizar que cesen los ataques de Turquía contra este pueblo, para evitar que también allí se perpetre un auténtico genocidio.

Nadie en el público podrá olvidar el testimonio de una joven que sobrevivió al bombardeo de una escuela por drones turcos, mientras sus jóvenes amigos jugaban al voleibol: “Queríamos ir a la escuela, vivir como todos los demás, estudiar. Éramos sólo niños”. A dos kilómetros de distancia había una base de la Coalición Internacional contra Daesh. Nadie vino a ayudar a estos niños. Es seguro que una u otra jovencita murió por falta de atención urgente.

Tenemos el deber moral de hablar en nombre de estos niños. Se trata de una cuestión de dignidad humana, que es el objetivo de este tribunal ciudadano.

FUENTE: Gabrielle Lefèvre / entre les lignes / Fecha de publicación original: 7 de febrero de 2025 / Traducción y edición: Kurdistán América Latina