El escándalo de corrupción, revelado por la página web PanAm Post, involucra a dos de los colaboradores más estrechos de Guaidó, Rossana Barrier y Kevin Rojas, que habían sido encargados por el líder opositor para satisfacer las necesidades materiales y económicas de unos 700 desertores del ejército y sus familias, unas 4.000 personas en total, que residen en Colombia.

Juan Guaidó, el autoproclamado ‘presidente interino’, violando la constitución venezolana y que fue luego ratificado por la Asamblea Legislativo en desacato por el Tribunal Supremo.

El apoyo de los EEUU al intento de golpe de Guaidó promovió que otros 50 estados apoyarán la autodesignación del opositor venezolano, mientras que el presidente legítimo, Nicolás Maduro, continúa siendo el dignatario reconocido por más de 140 países de las Naciones Unidas.

Desde el momento de su autoproclamación, Guaidó ha tratado de derrocar al gobierno venezolano por la fuerza en varias ocasiones, incluyendo la amenaza de un golpe militar. A pesar del apoyo de los EEUU, de la UE y del conocido como Grupo de Lima (compuesto de 12 países de la región), los intentos de Guaidó por derrocar a Maduro se han visto frustrados uno tras otro.

Las nuevas acusaciones surgidas sobre corrupción que implican el entorno de Guaidó pueden poner punto y final a su ambición presidencial. Los dos acusados, miembros del partido Voluntad Popular, han sido señalados por el Directorio General de Inteligencia de Colombia como autores de los delitos de malversación  y apropiación indebida de fondos por un montante todavía por determinar, pero que se estima en varios millones de dólares.

Guaidó, en un intento de evitar su responsabilidad en el asunto, ha suspendido a los acusados de ‘todas sus tareas’ mientras ha pedido una investigación sobre los hechos a la Fiscalía de Colombia. Asimismo, Guaidó ha creado una agencia que ha llamado “controlador general” para supervisar las numerosas cuentas bancarias venezolanas que tienen en países extranjeros, y que han sido puestos a su disposición por los gobierno que le han reconocido como los EEUU, Canadá y la mayoría de la UE.

Las declaraciones de Guaidó, fueron seguidas a los pocos minutos de las del Fiscal General de Venezuela, Tarek Williams Saab, que dijo que abriría una investigación criminal contra él, y una docena de colaboradores de Guaidó, en su mayoría diputados de la Asamblea Legislativa en desacato, bajo la acusación de malversación de fondos y otros delitos de corrupción.

El Fiscal General ha señalado que los fondos robados por otros gobiernos y fueron entregados a Guaidó y “están siendo gestionados sin transparencia”. Saab ha afirmado que los acusados por Colombia “son los autores materiales, pero el autor intelectual es el propio Guaidó”.

Por su parte el Ministerio de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, fue mucho más explícito en lo que se refiere a las implicaciones del escándalo: “Voluntad Popular quieren ser los únicos que roban, por ello la oposición está dividida”.

El descontento en el Grupo de Lima, (especialmente Colombia) y los EEUU era difícil de esconder. Su “elegido” para derrocar al gobierno de Venezuela está acusado de forma fundada y con claros indicios de corrupción.

Supuestamente contra lo que Guaidó quería luchar.

Los dos procesos abiertos, uno en Colombia y el otro en Venezuela, añadido al desaliento de la mayoría de los apoyos de Guaidó y de sus fracasos a la hora de intentar tomar el poder por la fuerza, parecen marcar el final del liderazgo improvisado de Guaidó.

Mientras, 700 desertores venezolanos y sus familiares han sido abandonados a su suerte en Colombia, sin medios económicos con los que mantenerse y sin otra perspectiva que tratar de sobrevivir como bien pueda, ya que son la versión moderna de esa vieja máxima: ‘Roma no paga traidores’.