Solidaridad internacional con el HDP ante la última represión y amenaza de cierre

El HDP se enfrenta a su prohibición tras la cancelación de la financiación del partido en vísperas de las elecciones en Turquía.

Actualmente se pide al Tribunal Constitucional que ordene el cierre del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), partido político con 56 diputados en el Parlamento de Turquía. Una acusación contra el partido pretende prohibir a 451 políticos, políticas y miembros del partido la actividad política organizada o la afiliación a partidos políticos durante un periodo de cinco años y la confiscación de los bienes del partido. El 5 de enero, el Tribunal Constitucional accedió a una petición del fiscal jefe del Tribunal de Casación para que se adoptara la medida cautelar de congelar las cuentas bancarias del partido que contenían las ayudas del Tesoro que tienen derecho a recibir los grupos de los partidos políticos en el Parlamento.

Los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo han condenado esta última represión contra el HDP en Turquía, reaccionando a la noticia de que el fiscal jefe de Turquía presentó su última demanda ante el Tribunal Constitucional para cerrar este partido de la oposición y al hecho de que la semana pasada el tribunal congelara el acceso del HDP a una cuenta bancaria a través de la cual recibía financiación estatal.

El HDP, uno de los dos partidos hermanos del S&D en Turquía, es el tercer partido más grande del Parlamento turco. Obtuvo el 12% de los votos en las elecciones generales de 2018 y ocupa 56 de los 579 escaños del Parlamento. Desde hace varios años, las autoridades turcas lo tienen cada vez más en el punto de mira. Como resultado, miles de miembros del partido, representantes, diputados y diputadas, concejales y concejalas locales y co-alcaldes y co-alcaldesas han sido juzgados por cargos relacionados principalmente con el terrorismo. Esto se suma a la detención continuada desde noviembre de 2016 de los ex co-presidentes del HDP Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş.

Nacho Sánchez Amor, eurodiputado del S&D y ponente del Parlamento Europeo sobre Turquía, dijo:

"Pedimos a las autoridades turcas que pongan fin a la represión contra el HDP. Es un partido democráticamente elegido y pacífico y se le debe permitir funcionar libremente y sin intimidación por parte del gobierno. Su disolución sería un enorme golpe a la democracia y violaría múltiples libertades y derechos básicos, como la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de voto.

No hay duda de que para mí este último intento de silenciar al HDP está vinculado a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de Turquía. El plan es cerrar el HDP, limitando radicalmente las opciones electorales de millones de votantes, y prohibir políticamente a toda la cúpula del HDP para impedir la posible fundación de un nuevo partido. No sólo es ilegal, sino también un enorme error político. Si se ordena el cierre del HDP, ninguna delegación internacional de observadores independientes podrá venir a Turquía y decir que las elecciones fueron justas. Esto también alejaría aún más a Turquía de la UE y profundizaría su actual tendencia autoritaria."

El Departamento de Relaciones Internacionales y Política Exterior de SYRIZA-Alianza Progresista también expresó su profunda preocupación por la propuesta del Fiscal General al Tribunal Constitucional Supremo de Turquía sobre la prohibición permanente del HDP, el tercer partido más grande de la Asamblea Nacional turca: "Estas decisiones judiciales, continuación de anteriores procesos contra la oposición bajo diversos pretextos, tienen como objetivo criminalizar las acciones de los partidos y reprimir a los opositores políticos del actual gobierno, en el contexto de un plan de intimidación total y debilitamiento de la oposición. Es inconcebible que un país perteneciente al Consejo de Europa imponga restricciones al funcionamiento democrático de los partidos."

SYRIZA-PA expresó su solidaridad con la lucha del HDP por celebrar elecciones justas y democráticas, esperando que el Tribunal no decida prohibir su actividad.