Trump aclaró que su decisión solo sería por dos semanas para permitir que el Congreso encuentre soluciones, y agregó: "de lo contrario, ¡comenzarán las deportaciones!"

Una solicitud que parece prácticamente imposible dado que el tema se ha estancado en la legislatura durante varios meses y que los demócratas se oponen a la política del presidente en este delicado tema.

El sábado pasado se supo que la Presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, había hablado por teléfono con Trump pidiéndole que cancelara la deportación anunciada. Pelosi también describió la posible deportación masiva como "despiadada".

La suspensión temporal de la medida que afectaría a miles de migrantes y refugiados "irregulares" también parece haber sido motivada por otras causas, como la pérdida del "factor sorpresa". De hecho, como el Presidente dijo antes de su decisión de deportar a los migrantes en masa, permitió que las organizaciones de defensa informaran a los migrantes de sus derechos legales de no abrir la puerta a los funcionarios de migración, o permitirles el acceso a sus hogares sin una orden judicial. 

Además, numerosos alcaldes anunciaron su negativa a cooperar con las autoridades de inmigración.

A los problemas legales para seguir adelante con la deportación, se le suma la incertidumbre existente acerca de los lugares donde las personas deberían haber sido deportadas, ya que se necesita el consentimiento de esos países. Por el contrario, los migrantes serían detenidos temporalmente, y según los datos oficiales, el número de adultos en esas condiciones era, el 8 de junio, de 53.141, mientras que la "migra" (policía de inmigración) solo tiene un presupuesto para albergar a 45.000. 

A pesar de esta suspensión, la "amenaza" del Presidente permanece sobre la mesa.