La decisión de la capitana Carola Rackete ha sido tomada como un desafío por el ministro de del Interior de extrema derecha y vicepresidente del gobierno, Matteo Salvini.

Las airadas reacciones de Salvini, amenazando con detener y procesar a la comandante del barco y a toda su tripulación si intentaban desembarcar a los náufragos rescatados en el puerto italiano considerándolo “un crimen”, cosa que finalmente ha sucedido, ha provocado numerosas reacciones de solidaridad con el trabajo humanitario llevado a cabo por el Sea Watch 3, bautizado así por la ONG alemana de mismo nombre.

Los grupos de la oposición, el Partido Demócrata, Sinistra Italiana y Más Europa, han expresado su solidaridad con la decisión de la capitana y han enviado parlamentarios a la isla de Lampedusa. Al mismo tiempo, las iglesias evangélicas y la de Valdese han hecho público su compromiso para cuidar de los migrantes (entre los que se incluyen a 3 menores).

Por su parte, Rete Antifascists ha recaudado 72.000 euros para apoyar a la tripulación en caso de enfrentarse a posibles sanciones, declarando: “Nunca dejaremos solo al barco de la esperanza”.

En Palermo, Sicilia, se ha llevado a cabo una manifestación en solidaridad con el Sea Watch 3.

El alcalde de la ciudad, Leoluca Orlando, ha anunciado la concesión de la ciudadanía honoraria a toda la tripulación de la embarcación para “rendir tributo a los ciudadanos que en estos últimos meses han protagonizado una operación de humanidad”.

La actual crisis ha sido precedida por otra anterior, causada por la clausura de los puertos italianos por decreto del gobierno con el fin de evitar el desembarco de los migrantes rescatados por el Aquarius en 2018, obligando a la embarcación a navegar hasta España donde se le dio acogida después de semanas en alta mar.

Posteriormente, el gobierno italiano aprobó un nuevo decreto, a propuesta del propio Salvini, que establecía fuertes multas y procedimientos legales contra las ONGs que rescatan a migrantes y tratan de desembarcarlos en Italia.

Las amenazas de Salvini pueden chocar esta vez con complicaciones legales a nivel internacional, pues la nueva legislación nacional italiana podría estar contradiciendo las llamadas leyes del mar, de naturaleza internacional, en relación a la asistencia de personas en peligro de muerte, ley en la que se ha escudado la comandante Carola Rackete para entrar en aguas italianas.

Rackete entregó la documentación legal de toda la tripulación y los migrantes a la Guardia Costera, y ante el silencio oficial, finalmente decidió dirigirse hacia el puerto más cercano, que era el de Lampedusa, pese a las amenazas de la Guardia Costera.

Todo lo anterior ha hecho que la ONG alemana Sea Watch presente una queja ante los tribunales italianos para investigar una posible “conducta criminal” en el comportamiento de las autoridades italianas.

Por su parte, la Unión Europea, en palabras del comisario europeo Dimitris Avramopoulos, está “coordinándose con los Estados miembros para tratar de reubicar a los migrantes”.