Elî: “Turquía es culpable de crímenes de guerra al negar a la población el acceso al agua potable”

El abogado Mesud Elî declara que el Estado turco ocupante que corta el agua del río Éufrates incurre en un crimen de guerra y genocidio, y pide a la comunidad internacional que ponga cartas en el asunto.

El Estado turco ocupante, que corta deliberadamente el agua del río Éufrates, impide que la población de la región del Norte y el Este de Siria reciba el agua a la que tiene derecho.

El abogado Mesud Elî ha hablado con ANHA y ha explicado que el Estado turco ocupante ha cortado el agua de las regiones del Norte y el Este de Siria desde los ataques de invasión contra Serêkaniyê y Girê Spî el 9 de octubre de 2019, y que esta situación es inhumana y constituye un crimen de guerra.

Elî ha declarado que el Estado turco ocupante ha violado todos los valores y las leyes humanitarias al negar el acceso al agua potable a la población del Norte y el Este de Siria: “Según las leyes humanitarias internacionales y los artículos 12 y 13 de la Corte Penal Internacional (CPI), las acciones del Estado turco constituyen crímenes de guerra”. Al mismo tiempo, Elî ha subayado que esta situación incurre en un genocidio según el acuerdo de las Naciones Unidas (ONU) firmado en 1948.

“El Estado turco afirma que actúa de acuerdo con la ley. Pero negar a la gente su derecho al agua potable va en contra de todas las leyes internacionales. Lamentablemente, las Naciones Unidas ignoran las acciones del Estado turco invasor y no castigan esta flagrante ilegalidad”, ha dicho el abogado.

Elî ha declarado que, según la ley de la guerra, en caso de conflicto entre dos países ambas partes deben utilizar los recursos naturales como el agua de forma justa, pero que sin embargo el Estado turco no cumple con estos principios. El Estado turco ha cortado el agua en Hesekê 13 veces desde 2019.

Tras señalar que la ONU y el Consejo de Seguridad Internacional deben actuar inmediatamente para detener los crímenes cometidos por el Estado turco invasor, Elî ha alertado de que estos crímenes amenazan la vida de casi un millón de personas y es probable que se produzca una catástrofe humanitaria si se les sigue negando el acceso al agua.

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