Diecinueve colegios de abogados, incluidos los de Amed y Estambul, han emitido una declaración conjunta en la que condenan el nombramiento de un fideicomisario para el municipio de Kağızman (Qaxizman) en Kars (Qers).

Los colegios de abogados han expresado su profunda preocupación por el proceso en curso, en el que se están ignorando la democracia, el estado de derecho y la voluntad del pueblo. Dijeron: “Tras la condena del co-alcalde del municipio de Kağızman, Mehmet Alkan, a seis años y tres meses de prisión, el nombramiento de un fideicomisario para el municipio antes de que finalizara el proceso judicial ha aumentado nuestras preocupaciones de que el poder judicial se haya politizado y esté siendo utilizado como una herramienta”.

El hecho de que los representantes elegidos por el pueblo solo puedan ser reemplazados por voluntad del pueblo es uno de los principios fundamentales de un estado democrático regido por el imperio de la ley. Lamentablemente, este principio se viola cada día más en Turquía.

El comunicado continúa: “En los últimos años ha aumentado la preocupación por el hecho de que las decisiones judiciales en Turquía se toman en base a motivos políticos y que la ley se está utilizando como herramienta de presión política. La destitución de alcaldes electos mientras sus procedimientos legales aún están en curso y el nombramiento de fideicomisarios en su lugar violan el principio de presunción de inocencia y hacen caso omiso de la voluntad del pueblo. El hecho de que los representantes elegidos por el pueblo solo puedan ser reemplazados por voluntad del pueblo es uno de los principios fundamentales de un estado democrático regido por el imperio de la ley. Lamentablemente, este principio se viola cada día más en Turquía”.

Constituye una intervención seria en el funcionamiento de los gobiernos locales y las decisiones democráticas de los ciudadanos.

El comunicado continúa: “La independencia e imparcialidad del poder judicial son elementos indispensables de una sociedad democrática. Sin embargo, las crecientes presiones políticas sobre los gobiernos locales en los últimos tiempos socavan el principio de seguridad jurídica y hieren profundamente la conciencia pública. El nombramiento de un fideicomisario en el municipio de Kağızman es una manifestación de este enfoque, que constituye una intervención seria en el funcionamiento de los gobiernos locales y las decisiones democráticas de los ciudadanos.

Como colegios de abogados, declaramos públicamente que nunca renunciaremos a defender el estado de derecho, el derecho a un juicio justo y la protección de la voluntad democrática. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que actúen con responsabilidad para liberar al poder judicial de la interferencia política, proteger los valores democráticos y respetar la voluntad del pueblo”.

Los colegios de abogados que han emitido la declaración conjunta son los siguientes: Colegio de Abogados de Adiyaman, Colegio de Abogados de Antalya, Colegio de Abogados de Agrî, Colegio de Abogados de Antep, Colegio de Abogados de Bingöl, Colegio de Abogados de Bitlis, Colegio de Abogados de Amed, Colegio de Abogados de Batman, Colegio de Abogados de Hakkari, Colegio de Abogados de Igdir, Colegio de Abogados de Izmir, Colegio de Abogados de Estambul, Colegio de Abogados de Kars, Colegio de Abogados de Muş, Colegio de Abogados de Siirt, Colegio de Abogados de Urfa, Colegio de Abogados de Şirnak, Colegio de Abogados de Dersim, Colegio de Abogados de Van.

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