El 17º Informe Anual sobre la Pena de Muerte en Irán revela una terrible escalada en el uso de la pena de muerte por parte de la República Islámica en 2024. Ese año se produjeron al menos 975 ejecuciones, lo que supone un aumento del 17% respecto a 2023.
El 17º Informe anual sobre la pena de muerte en Irán, elaborado por Iran Human Rights (IHRNGO) y ECPM (Together Against the Death Penalty), ofrece una evaluación y un análisis de las tendencias de la pena de muerte en 2024 en la República Islámica del Irán. En él se indica el número de ejecuciones en 2024, la tendencia en comparación con años anteriores, el marco legislativo y los procedimientos, los cargos, la distribución geográfica y un desglose mensual de las ejecuciones. En la sección de categorías también se incluyen listas de mujeres y delincuentes juveniles ejecutados en 2024.
El informe también documenta el movimiento abolicionista dentro de Irán, incluido el movimiento “Martes sin pena de muerte”, el movimiento por el perdón y su contribución a la reducción del uso de la pena de muerte, y ofrece un análisis sobre cómo la comunidad internacional puede contribuir a limitar el alcance de la pena de muerte en Irán.
El informe de 2024 es el resultado del arduo trabajo de las y los miembros y simpatizantes de la IHRNGO que participaron en la elaboración de informes, documentación, recopilación, análisis y redacción de su contenido. Estamos especialmente agradecidos a las fuentes de la IHRNGO dentro de Irán que corren un gran riesgo al informar sobre ejecuciones no anunciadas y secretas en prisiones de 30 provincias diferentes. Debido al difícil contexto, la falta de transparencia y los riesgos y limitaciones obvios que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en la República Islámica del Irán, este informe no ofrece una imagen completa del uso de la pena de muerte en Irán. Hay 39 ejecuciones denunciadas que no se incluyen en este informe debido a la falta de detalles suficientes o a la imposibilidad de confirmar los casos a través de dos fuentes diferentes. Sin embargo, el informe tiene como objetivo proporcionar las cifras más completas y realistas posibles en las circunstancias actuales. No incluye las muertes sospechosas bajo custodia, las y los presos condenados a muerte que murieron en prisión antes de ser ejecutados o las personas asesinadas bajo tortura.
El ECPM apoya la elaboración, edición, publicación y distribución de este informe en el marco de su labor de defensa internacional contra la pena de muerte. Para superar los problemas de transparencia que rodean a los datos y la información sobre la pena de muerte en Irán, se requiere una estrategia integral de distribución y difusión. Los objetivos generales de la IHRNGO y el ECPM al publicar este informe son llamar la atención sobre los hechos y darlos a conocer, con el fin de cambiar las opiniones nacionales e internacionales sobre la situación de la pena de muerte en Irán, el país con mayor número de ejecuciones per cápita en el mundo.
Informe anual 2024 de un vistazo
El 17º Informe Anual sobre la Pena de Muerte en Irán, publicado por Iran Human Rights (IHRNGO) y Together Against the Death Penalty (ECPM), revela una terrible escalada en el uso de la pena de muerte por parte de la República Islámica en 2024. El año fue testigo de al menos 975 ejecuciones, lo que marca un aumento del 17% con respecto a las 834 registradas en 2023. Este aumento representa el mayor número de ejecuciones registradas en Irán en más de dos décadas, con un aumento particularmente pronunciado observado después de la elección presidencial y el nombramiento de Masoud Pezeshkian en la segunda mitad del año en medio de una creciente tensión entre Irán e Israel.
En relación con el informe, el Director de Derechos Humanos de Irán, Mahmood Amiry-Moghaddam, dijo: “Mientras la atención mundial se centraba en la escalada de tensiones entre Irán e Israel, la República Islámica aprovechó la falta de escrutinio internacional para aterrorizar a su propio pueblo, llevando a cabo de 5 a 6 ejecuciones cada día. El pueblo iraní que exige sus derechos fundamentales representa la mayor amenaza para el régimen, y la pena de muerte sigue siendo su herramienta más poderosa de represión política. Estas ejecuciones son parte de la guerra de la República Islámica contra su propio pueblo para mantener su control del poder”.
Solo se anunciaron oficialmente 95 ejecuciones (menos del 10%), una disminución significativa respecto del 15% divulgado en 2023. A pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional, esta deliberada falta de transparencia no solo socava la rendición de cuentas sino que también oculta la verdadera escala del uso de la pena de muerte por parte del Estado.
El año también fue testigo del mayor número de ejecuciones por qisas (categoría de sentencia en la que la Sharia permite la pena de muerte por asesinato intencional o no intencional) registradas en más de dos décadas, con al menos 419 personas ejecutadas por cargos de asesinato. Las brutales e inhumanas leyes de qisas no sólo imponen la responsabilidad de elegir la ejecución a la familia de la víctima del asesinato, sino que, como no hay un límite legal para la diya (dinero de sangre), cada vez se ejecuta a más acusados porque no pueden afrontar las crecientes sumas de dinero a pagar para ser liberados de la culpa. Un ejemplo de ello son los casos de Abbas Karimi, un padre de dos hijos que fue ahorcado porque su familia no podía afrontar la diya de más de un millón de euros. En otro caso desgarrador, Ahmad Alizadeh fue ahorcado durante 28 segundos, derribado y resucitado a petición del demandante, sólo para ser ejecutado de nuevo semanas después.
Las autoridades iraníes continuaron su represión de la disidencia política y ejecutaron al menos a 10 personas afiliadas a grupos de oposición prohibidos, entre ellas nueve presos políticos kurdos y un preso político con doble nacionalidad secuestrado en un país vecino. Todos ellos fueron condenados a muerte tras juicios simulados por los Tribunales Revolucionarios. Mohammad Ghobadlu y Reza Rasayi, dos manifestantes de “Mujer, Vida, Libertad”, fueron ejecutados por cargos de asesinato. Reza Rasayi, un manifestante kurdo de fe Yarsan, fue condenado a muerte sobre la base de sus confesiones contaminadas por tortura y elme-qazi (conocimiento del juez). Varios manifestantes de “Mujer, Vida, Libertad” siguen en riesgo de ser condenados a muerte.
La ejecución de mujeres alcanzó un hito preocupante: al menos 31 mujeres fueron ejecutadas, la cifra más alta desde que IHRNGO comenzó a monitorear las ejecuciones en 2007. Las leyes discriminatorias y los factores sociales contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres en los casos de pena de muerte.
Dos activistas kurdas, Pakhshan Azizi y Varisheh Moradi, fueron condenadas a muerte y, gracias a las campañas populares y la presión internacional, sus sentencias no se han cumplido aún al momento de escribir este artículo, pero siguen en peligro de ser ejecutadas.
Ante esta creciente brutalidad, ha aumentado la oposición a la pena de muerte, tanto a nivel nacional como internacional. En Irán, las y los presos iniciaron la campaña “Martes sin pena de muerte”, un movimiento de protesta que ha obtenido apoyo mundial y lleva más de un año.
En relación con la campaña “Martes sin pena de muerte”, el director de la IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó: “La campaña 'Martes sin pena de muerte' es un punto de inflexión en el movimiento abolicionista de Irán. Por primera vez, un movimiento de base liderado por presos protesta semanalmente contra todas las ejecuciones, no sólo las de presos políticos. Marca el comienzo de un movimiento social más amplio que desafía la pena de muerte en su totalidad. El pueblo de Irán, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional deben apoyar este movimiento”.
El marcado aumento de las ejecuciones en 2024 pone de relieve la creciente dependencia de la República Islámica de la pena de muerte para silenciar a la disidencia y mantener el control. Con más de 8.800 ejecuciones desde 2010, las autoridades siguen utilizando la pena de muerte como un instrumento clave de opresión para preservar su control del poder.
En marzo de 2025, en el 58º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Investigación (MIIR) presentará su informe final sobre las atrocidades cometidas por la República Islámica desde el inicio de las protestas nacionales bajo el lema “Mujer, vida, libertad”. La creación de la MIIR por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue un paso importante de la comunidad internacional para exigir responsabilidades a las autoridades iraníes por las graves violaciones de los derechos humanos, incluida la ejecución de manifestantes. La impunidad y la falta de rendición de cuentas son algunos de los obstáculos más importantes para mejorar la situación de los derechos humanos en Irán. Dada la magnitud de las violaciones de los derechos humanos en Irán, incluido el uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de represión, en los próximos años será esencial contar con un mecanismo de rendición de cuentas internacional más permanente para exigir responsabilidades a la República Islámica por sus crímenes.
Con motivo de la publicación de este informe, la IHRNGO y el ECPM instan a la comunidad internacional —incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ONUDD y los gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas con Irán— a que coloquen la pena de muerte en el primer lugar de su agenda en sus contactos con las autoridades iraníes. Es esencial ejercer una presión internacional constante para aumentar el coste político de las ejecuciones y frenar la maquinaria de exterminio de la República Islámica.
