Un grupo de expertos independientes en derechos humanos expresó hoy su profunda preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Irán de confirmar la sentencia de muerte dictada contra Pakhshan Azizi, una activista y trabajadora social kurda.

“Los cargos contra la Sra. Pakhshan Azizi no cumplen con el umbral de los ‘delitos más graves’ que exige el derecho internacional para la pena de muerte”, afirmaron los expertos y agregaron que “Su condena a muerte constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”.

Pakhshan Azizi fue detenida en Teherán el 4 de agosto de 2023 por los servicios de inteligencia iraníes y recluida en régimen de aislamiento en el pabellón 209 de la prisión de Evin durante cinco meses. El 23 de julio de 2024, la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán la condenó a muerte por “rebelión armada contra el Estado (baghy)” y “pertenencia a grupos de la oposición”, además de a una pena de prisión de cuatro años por su presunta pertenencia al Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK). El 8 de enero de 2025, la Sección 39 del Tribunal Supremo confirmó la pena de muerte.

“El arresto y la condena de la Sra. Azizi parecen estar relacionados únicamente con su trabajo legítimo como trabajadora social, incluido su apoyo a los refugiados en Irak y Siria”, dijeron los expertos.

Los expertos se mostraron alarmados por los informes de que la Sra. Azizi había sido sometida a graves torturas psicológicas y físicas en régimen de aislamiento para obtener una confesión, y que se le había negado el acceso a visitas familiares y a la representación legal de su elección. Los expertos señalaron que varios miembros de la familia de la Sra. Azizi también habían sido detenidos temporalmente y enfrentaban cargos relacionados con la seguridad nacional, presumiblemente para presionarla a confesar.

“El uso de la tortura para extraer confesiones y la negación del derecho a un juicio justo hacen que la sentencia de muerte contra la Sra. Azizi sea de naturaleza arbitraria”, dijeron.

Los expertos observaron con profunda preocupación que el número total de ejecuciones en Irán superó las 900 en 2024, con un aumento en las ejecuciones de mujeres. Los expertos insistieron en la necesidad de que Irán ponga fin a las ejecuciones que no respetan los requisitos del derecho internacional y violan los derechos y libertades fundamentales.

“Estamos profundamente preocupados por el hecho de que se acuse específicamente a las activistas kurdas de tener motivos políticos”, dijeron y agregaron que “El procesamiento de la Sra. Azizi refleja la persecución intensificada que sufren las activistas de las minorías en Irán y la intención constante de castigarlas y silenciarlas creando un clima de miedo”.

Las y los expertos instaron a las autoridades iraníes a revocar de inmediato la sentencia de muerte contra Pakhshan Azizi, investigar las denuncias de tortura y denegación de los derechos a un juicio justo y poner fin al acoso y a los ataques contra las activistas en Irán. Los expertos están en contacto con el Gobierno sobre este asunto.

Las y los expertos:  Mai Sato, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Nicolas Levrat, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Laura Nyirinkindi (Presidenta), Claudia Flores (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić y Haina Lu, Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.