Los días 5 y 6 de febrero de 2025 en la Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Bruselas, sesionó la 54 versión del TPP denominada: Rojava VS Turquía. Allí se examinaron las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por Turquía y sus fuerzas aliadas en el norte y este de Siria, donde se viene desarrollando la revolución de Rojava desde el 2012, convirtiéndose en la primera revolución del siglo XXI y la primera revolución anticapitalista liderada por las mujeres. En la actualidad Rojava representa alrededor del 30 por ciento del territorio sirio. 

Esta sesión del TPP fue solicitada y apoyada por el Comité para la Justicia, Derecho, y el Departamento de Relaciones Exteriores de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), el Centro de Investigación y Protección de los Derechos de la Mujer, las Organizaciones de Derechos Humanos en Al-Jazira y Afrin, así como MAF-DAD e. V (Asociación para la Democracia y el Derecho Internacional), ELDH (Asociación Europea de Abogados para la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo), IADL (Asociación Internacional de Abogados Democráticos), el KNK (Congreso Nacional del Kurdistán), el Instituto Kurdo de Bruselas y la Universidad Libre de Bruselas.

Los abogados y fiscales que representaban al pueblo de Rojava, presentaron pruebas de las prácticas genocidas permanentes que implementan el Estado turco contra el pueblo kurdo y sobre la revolución de Rojava desde el 2018 hasta el 2024. Las pruebas denunciaron las actuaciones terroristas iniciadas desde el año 2018 con la ocupación de la región de Afrin, hasta los acontecimientos de diciembre del 2024 con las nuevas intervenciones de las fuerzas militares turcas y paramilitares yihadistas. autodenominadas Ejercito Nacional Sirio (ENS), que buscan ingresar en la región de Kobane atacando la presa de Tishreen, de la que depende para el abastecimiento de agua y electricidad más de un millón de personas y que ha sido bombardeada permanentemente, poniendo en riesgo a la población de una catástrofe sin precedentes.

¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos?

Este es un tribunal de opinión internacional competente para pronunciarse sobre cualquier delito grave cometido en contra de los pueblos y las minorías. La iniciativa nació en Bolonia en 1979 en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976) y, siguiendo al jurista y político Lelio Basso, se transformó las experiencias de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-67) y sobre las dictaduras en América Latina (1973-76) en una institución de escucha permanente de los pueblos obligados a enfrentarse con la ausencia del derecho y la impunidad. El Tribunal está integrado por una red de expertos y personalidades reconocidas a nivel internacional, convocados periódicamente para integrar el jurado de cada sesión. Hasta la fecha se han celebrado 54 sesiones en todo el mundo, garantizando la participación de los pueblos y los movimientos sociales, creando una agenda de trabajo para los derechos humanos y de los pueblos a nivel mundial. Mediante sus sesiones se ha dado visibilidad a numerosos casos de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Los jurados del caso “Rojava VS Turquía” fueron: Czarina Golda S. Musni (Filipinas), abogada de derechos humanos y miembro de la Unión de Abogados del Pueblo en Mindanao (UPLM); Gabrielle Lefèvre (Bélgica), periodista desde 1972; Rashida Manjoo (Sudáfrica), profesora emérita en derecho público de la Universidad de Ciudad del Cabo; Frances Webber (Reino Unido), ex abogada especializada en inmigración, refugiados y derechos humanos; Giacinto Bisogni (Italia), magistrado desde 1981 y en el Tribunal de Casación desde 2002; Domenico Gallo (Italia), ex Presidente de Sección del Tribunal de Casación; José Elías Esteve Molto (España), profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Ocupación de Afrin en 2018

Las denuncias en el tribunal iniciaron con información sobre el desplazamiento forzado de la población de Afrin en el año 2018, allí fueron desplazadas alrededor de 167.000 mil personas, pero en la actualidad la cifra ascendió a 300.000 mil personas desplazadas. Esta ocupación generó un cambio de la composición demográfica de la región, lo que significa que, luego que la población fue obligada a abandonar sus tierras históricas, el Estado turco instaló una nueva población para controlar los territorios. De la mano de esta situación, inició un proceso de eliminación de la identidad kurda mediante métodos como los cambios de nombres de calles y símbolos kurdos por nombres y símbolos árabes y turcos. En Afrin antes de 2018 la población kurda era de un 90 por ciento, pero en la actualidad solo representa el 20 por ciento de la población.

Es necesario resaltar que históricamente Afrin ha sido un lugar de resistencia del pueblo kurdo, y en la lucha contemporánea de liberación kurda iniciada en 1978, esta región siempre acompañó la resistencia con gran determinación, poniendo a mártires y familias enteras en la lucha revolucionaria, por esta razón Afrin jugó un papel simbólico en la resistencia de Rojava. Así mismo, Afrin es uno de los territorios más fértiles de la región, donde se producían alimentos que garantizaban una autosuficiencia alimentaria para su población. Era uno de los territorios más prósperos de Siria. La ocupación de Afrin por parte de Turquía fue estratégica para romper un símbolo de la resistencia kurda.

En las pruebas presentadas ante el TPP, se denunció que después del desplazamiento forzado de 2018, el 2 de diciembre de 2019, las víctimas fueron atacadas nuevamente, dejando un saldo de 10 niños y niñas asesinadas y más de 15 heridos en medio de la denominada “Operación Manantial de Paz” desarrollada por Turquía. Todas estas prácticas genocidas son legitimadas ante los organismos internacionales bajo el discurso de “combatir el terrorismo”.

Tanto en Afrin como en el resto de la región de Rojava, los ataques del Estado turco no son únicamente contra las comunidades, sino que atacan directamente las infraestructuras industriales y humanitarias de la región. Estas estrategias políticas del Estado turco son graves y ponen en riesgo toda la región, pues Turquía se niega a firmar los acuerdos para prevenir las políticas de intervención en otros países, y al mismo tiempo no ratifica los acuerdos de Ginebra que incluyen normas específicas para proteger a los combatientes integrantes de fuerzas armadas ya la población civil en escenarios de guerra, convirtiéndose así en un peligro para cualquier país y pueblo de la región.

Turquía atenta contra la humanidad

Estas tácticas y estrategias de ocupación del Estado turco no son nuevas. En el tribunal se evidencia cómo en el pasado fue implementada la misma lógica sobre el pueblo de Chipre en el año 1974, cuando los turcos desplazaron millas de chipriotas griegos y modificaron la población histórica de la isla. Según se mencionó, un tercio de la población fue desplazada en todo el proceso. Vale la pena decir que estas estrategias también se imponen a través de presiones económicas que llevan a un desplazamiento por los altos costos de vida.

La gravedad de la situación que viven los pueblos de Rojava es que, aunque la ocupación y el genocidio pasan ante los ojos del mundo, los organismos internacionales como Naciones Unidas, están ausentes en la atención de desplazados y de crisis humanitaria. No debe ocultarse que la situación de ocupación que se vive en Rojava tiene similitud con la situación del pueblo palestino. Pese a esto el silencio se impone.

En el tribunal se evidencia que en Rojava hay una ocupación de facto que busca una limpieza étnica y la imposición de la religión musulmana. Los representantes de Rojava también denunciaron que entre las estrategias de guerra que se utilizan por parte del Estado turco, se presenta el uso de armas prohibidas como armas químicas (fósforo blanco), así como el uso de drones contra la población civil. También se utilizan estrategias de guerra con métodos de afectación del agua en la región.

En las denuncias se habló de los ataques políticos a los liderazgos de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria por parte de Turquía. Los asesinatos selectivos se materializan a través de drones que se utilizan estratégicamente para eliminar a las personas patriotas (defensoras de la tierra - welatparez ) que hoy están defendiendo su sistema de autogobierno organizado bajo el paradigma del Confederalismo Democrático y sus tres pilares de: liberación de las mujeres, democracia comunal y ecología social. Los ataques contra la sociedad atentan especialmente a las mujeres que lideran las tareas de organización de las mujeres, lo que evidencia una práctica de feminicidios políticos.

Al mismo tiempo se denunciaron bombardeos en escuelas, se presentaron pruebas donde se registraron masacres como la ocurrida en Hesseke, donde fueron asesinadas cinco niñas el 18 de julio de 2022. Estos ataques contra las mujeres no son mediante únicamente asesinatos, sino que se realizan mediante las violaciones sexuales y torturas que se realizan en prisiones secretas del Estado turco, donde no rige ninguna legislación ni derecho humano.

En el TPP se presentaron testimonios de mujeres como Nadia Nassam Soleimani, quien denunció su encarcelamiento por dos años sin ningún cargo judicial en los tribunales de la justicia turca. Nadia Nassam denunció las torturas permanentes a las que fue sometida, donde fue abusada sexualmente junto a otras mujeres, el testigo afirmaba repetidamente que los abusadores eran directamente miembros de los servicios secretos turcos (MIT). Desde la AADNES se informó de pruebas de más de 3.000 casos documentados de abusos contra las mujeres y se afirmó que estas estrategias del Estado turco buscan implantar el miedo a las mujeres para que no se vinculen con el movimiento de liberación de las mujeres y de la sociedad que se viene desarrollando bajo el sistema del Confederalismo Democrático.

De igual manera se denunció la práctica de genocidio cultural implementada por el Estado turco a partir de la destrucción de la memoria del pueblo kurdo, representado en bienes culturales de la humanidad. Se mostraron videos donde se ven fuerzas paramilitares pro turcas que atacan cementerios y santuarios sagrados para los kurdos. En estas pruebas se mostraron los ataques contra Eyn Dara, un espacio arqueológico que guarda la memoria de más de 3.500 años de historia del pueblo kurdo. Allí las fuerzas yihadistas del ENS destruyen y ponen en venta el material arqueológico en el mercado negro. Por otra parte, se presentaron pruebas de los ataques contra periodistas que difunden la verdad de lo que sucede en la revolución de Rojava y contra la infraestructura de la imprenta Simov en la ciudad de Qamislo, donde se producían los materiales de aprendizaje para la sociedad (libros y todo tipo de material de lectura para construir las bases culturales de una revolución que va confrontando las lógicas del capitalismo).

Finalmente se mencionaron los hechos de guerra que vienen presentándose en la presa de Thisreen. Dónde el Estado turco utiliza drones para bombardear permanentemente a la población civil, dejando decenas de personas asesinadas desde diciembre del 2024 ante el completo silencio de la comunidad internacional. Videos reproducidos en el mismo tribunal confirman las prácticas ilícitas de las fuerzas turcas, como el “doble toque” o bombardeo doble de un mismo punto.

En su declaración preliminar antes del veredicto, el Tribunal Permanente de los Pueblos afirmó que el Estado turco estaba cometiendo sistemáticamente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad con el objetivo de un genocidio. La declaración completa se puede leer en: https://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2025/02/PPT-ROJAVA-PRELIMINARY-STATEMENT_6-FEBRUARY-2025.pdf

En Rojava la dignidad humana es abusada por parte de Turquía, pero al mismo tiempo en Rojava es donde van creándose las bases políticas y morales para construir la dignidad humana del siglo XXI.

*Por Olegario Bautista