26 organizaciones de derechos humanos han pedido al poder judicial iraní que anule la condena a muerte dictada contra Pakhshan Azizi.

En un comunicado, las ONG firmantes manifestaron que condenaban enérgicamente la decisión del régimen de mantener la condena a muerte contra la mujer kurda. Irán debe abstenerse de ejecutar la pena de muerte y poner en libertad incondicional a Azizi.

Pakhshan Azizi es trabajadora social y también ha trabajado como periodista. En agosto del año pasado fue detenida en Teherán por agentes del Ministerio de Inteligencia y sufrió graves torturas físicas y psicológicas durante semanas. Actualmente se encuentra en la tristemente célebre prisión de Evin. En julio, un tribunal de la capital iraní condenó a Azizi a morir en la horca por «rebelión armada contra el sistema».

Se la acusó, sin pruebas, de ser miembro del Partido por una Vida Libre en el Kurdistán (PJAK). Ella misma niega la acusación por infundada y habla de un veredicto político. Los juicios en Irán son sistemáticamente injustos porque a los presos se les niega el derecho al debido proceso, incluido el acceso a asistencia letrada, y las «confesiones» extraídas mediante tortura suelen utilizarse como prueba para su condena.

Pakhshan Azizi estudiaba trabajo social en la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán, donde fue detenida por primera vez en noviembre de 2009. Fue acusada de participar en protestas estudiantiles contra la ejecución de presos políticos kurdos. Quedó en libertad bajo fianza en marzo de 2010.

Posteriormente abandonó Irán y vivió varios años en la región autónoma del norte y el este de Siria y en la región del Kurdistán iraquí. Durante el ataque del Estado Islámico a Rojava, trabajó como trabajadora social para los refugiados de la región. 

Foto: particular