Las cárceles de Turquía se han convertido en centros de tortura donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas. En estas cárceles, donde los detenidos y detenidas son tratados como despojos y privados de todos los derechos humanos básicos, siguen apareciendo en los medios de comunicación informes sobre torturas y muertes. Defensores de derechos humanos y expertos legales trabajan para visibilizar estas violaciones a través de los informes que elaboran.

Ahmet Güler, abogado y miembro de la Comisión de Prisiones de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD) de la sección de Diyarbakır (Amed), habló con ANF sobre las violaciones de derechos en prisión.

Güler declaró: “La ÖHD visitó las cárceles de Diyarbakır, Erzincan, Erzurum y Elazığ. Durante nuestras visitas y trabajo de campo, observamos numerosas violaciones de derechos, en particular el derecho a la vida, así como el derecho a la comunicación, a presentar peticiones y quejas, a un trato digno y al acceso a la atención médica”.

La raíz de estas violaciones son las precarias condiciones físicas de las cárceles de tipo S y tipo Y, recientemente construidas. Los reclusos y reclusas detenidos en estas instalaciones están sometidos a aislamiento y confinamiento solitario, lo que ha provocado violaciones generalizadas de sus derechos más básicos. La actitud política hacia los reclusos y los intentos de cortar sus vínculos con el mundo exterior están profundizando aún más las violaciones de su derecho a la vida”.

Reclusos y reclusas enfermos sin atención médica

Güler enfatizó que los problemas que enfrentan los reclusos y las reclusas enfermos se encuentran entre los más urgentes y críticos dentro del sistema penitenciario turco. Declaró: “Las demoras en el traslado de los reclusos y las reclusas enfermos a enfermerías y hospitales, la falta de acceso a medicamentos adecuados incluso después de la derivación, y los diagnósticos tardíos de ciertas enfermedades, junto con las condiciones penitenciarias inadecuadas para la supervivencia de los reclusos y las reclusas enfermos, los deficientes servicios de salud y la escasez de médicos, enfermeras y personal sanitario, empeoran sus ya de por sí malas condiciones en prisión.

El requisito actual de obtener un informe del Instituto de Medicina Forense para aplazar una pena de prisión presenta graves problemas. En esencia, esto constituye una violación del derecho a la vida. Recientemente, la negativa a aplazar la ejecución de las sentencias de presos cuya salud se ha deteriorado y que no pueden subsistir por sí mismos constituye una violación directa del derecho a la vida”.

Aumento de las violaciones ante la impunidad administrativa y legal

Güler señaló que el poder judicial no está emprendiendo acciones legales contra los responsables de violaciones de derechos en las cárceles y declaró: “Debido a la cultura generalizada de impunidad administrativa y legal en Turquía, no se están llevando a cabo investigaciones efectivas contra los funcionarios que cometen estas violaciones.

Las investigaciones abiertas siguen siendo superficiales y no arrojan resultados concretos. La falta de mecanismos de supervisión independientes y la obstrucción deliberada de las inspecciones in situ en las cárceles han institucionalizado esta cultura de impunidad. La falta de independencia judicial y la presión política impiden investigaciones efectivas sobre las acciones de los responsables. Estos funcionarios se amparan en la impunidad con el pretexto de preservar la reputación del Estado. Esta situación ha provocado violaciones generalizadas y graves de los derechos humanos”.

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