Durante el año pasado, las autoridades de la región iraquí del Kurdistán (KR-I) han  reprimido sin piedad a periodistas, activistas y manifestantes que ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluso deteniéndolos arbitrariamente y haciéndolos desaparecer por la fuerza, ha dicho hoy Amnistía Internacional. La represión, que comenzó en marzo de 2020, se intensificó después de las protestas generalizadas de agosto de 2020 exigiendo el fin de la corrupción y mejores servicios públicos.

“Las autoridades de la región de Kurdistán en Irak han lanzado una represión escalofriante en sus esfuerzos por silenciar a los críticos durante el año pasado. Han arrestado a activistas y periodistas y los han procesado por cargos falsos en juicios injustos y han acosado o intimidado a miembros de la familia a quienes se mantuvo en la oscuridad sobre el estado de sus seres queridos”, denunció Lynn Maalouf, directora adjunta para Oriente Medio y Norte África en Amnistía Internacional.

"Las autoridades de la región del Kurdistán en Irak deben poner fin a la represión y liberar de inmediato a todos los que han sido detenidos arbitrariamente. Las autoridades también deben abstenerse de utilizar leyes vagas y mal definidas para restringir los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica", agregó.

La organización investigó los casos de 14 personas de Behdinan, en la gobernación de Duhok, que fueron detenidas arbitrariamente entre marzo y octubre de 2020 por Asayish (seguridad e inteligencia del KRG) y las fuerzas de Parastin (inteligencia del Partido Democrático del Kurdistán) en relación con su participación en protestas, críticas de las autoridades locales o por su labor periodística. Todos ellos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación hasta por cinco meses y al menos seis fueron desaparecidos por la fuerza por períodos de hasta tres meses. Ocho de ellos afirmaron haber sido torturados o maltratados durante su detención. El 16 de febrero de 2021, cinco de ellos fueron condenados a seis años de prisión sobre la base de "confesiones" obtenidas bajo coacción.

Amnistía Internacional habló con ex detenidos, abogados, defensores de los derechos humanos y periodistas, y revisó documentos judiciales. La organización documentó el uso de tres leyes que se han utilizado para arrestar y procesar a estos activistas, a saber, la Ley No 21 sobre asuntos de seguridad nacional, una ley de difamación y una ley sobre el uso indebido de productos electrónicos, todas las cuales contienen definiciones vagas y demasiado amplias de delitos no reconocidos por el derecho internacional.

Solo en la gobernación de Duhok, las fuerzas de seguridad kurdas detuvieron a más de 100 personas entre marzo de 2020 y abril de 2021. La mayoría fueron liberadas más tarde, pero al menos 30 permanecen detenidas, incluidos los cinco activistas y periodistas que ya han sido condenados.

“La libertad de expresión pacífica y el periodismo no son delitos. Muchos de los detenidos fueron juzgados por cargos inventados y algunos de los liberados han huido de la región, en medio de una atmósfera de miedo creciente que incluso ha visto a familiares de activistas, periodistas y manifestantes amenazados y acosados”, concluyó Lynn Maalouf.