El co-presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), Hüseyin Küçükbalaban, habló con ANF e hizo un llamamiento al Estado turco para que se abstenga de aplicar políticas de guerra y exterminio y tome un camino al servicio de la paz social. Abdullah Öcalan es, según él, el contacto clave para ello. Sin embargo, lleva años sin poder hacer valer su derecho a un abogado o a la visita de su familia, y desde marzo de 2021 no hay señales de vida del representante kurdo ni de sus tres compañeros encarcelados en la isla prisión de Imrali, donde Öcalan permanece en un régimen de aislamiento agravado desde 1999.

El debate en el Comité de Ministros del Consejo de Europa es inminente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha calificado la condena de Öcalan a cadena perpetua agravada sin posibilidad de libertad condicional como una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aunque han transcurrido diez años desde la decisión del tribunal, el Estado turco no ha tomado ninguna medida positiva, ni tampoco se ha emprendido ninguna acción.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa debatirá la sentencia del TEDH en su sesión del 17 al 29 de septiembre. Mientras tanto, la detención ilegal en régimen de incomunicación de Öcalan y sus compañeros de prisión continúa desde hace 42 meses.

Turquía no ha tomado ninguna medida

Küçükbalaban dijo que han pasado diez años desde la decisión del TEDH y que la situación ha permanecido “bajo revisión” por el Comité de Ministros desde entonces.

La última decisión al respecto fue en diciembre de 2021: “El Comité decidió que Turquía debe adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas para crear un mecanismo que permita la revisión de la cadena perpetua agravada después de un cierto periodo mínimo y garantice la posibilidad de liberación de la persona condenada a cadena perpetua. Turquía debe presentar una lista de las personas afectadas antes de finales de septiembre de 2022. Mientras tanto, Turquía no ha hecho ningún esfuerzo por crear las condiciones jurídicas adecuadas ni ha facilitado información alguna al Comité”.

El Estado turco tiene un fuerte grupo de presión.

Küçükbalaban predijo que el Comité tomará una decisión similar en septiembre, “ya que Turquía no ha cumplido ninguno de los requisitos anteriores. Los planes de acción presentados en el grupo de casos se repiten una y otra vez. Los casos Kavala y Demirtaş también se analizarán en esta sesión. En el caso Kavala, ya existe un procedimiento de infracción contra Turquía. El Comité está presionando a Turquía para que aplique la sentencia del caso Kavala. Se trata de una prioridad. También hay procedimientos de infracción pendientes contra dos países del Consejo de Europa: Azerbaiyán y Turquía.

Sin embargo, el Estado turco tiene un fuerte grupo de presión. Por ejemplo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) no visitó la prisión de Imrali durante su visita a Turquía este año”. El gobierno turco argumenta repetidamente que la exigencia del Consejo de Europa de diciembre de 2021 se ha cumplido con la regulación de que la excarcelación de un preso a perpetuidad “en caso de enfermedad crónica, discapacidad o vejez” pueda tener lugar mediante un indulto presidencial.

Öcalan es un actor clave en la solución pacífica.

Küçükbalaban subrayó que Abdullah Öcalan es un actor clave en la solución de la cuestión kurda, y añadió: “Como IHD, hemos defendido la paz y el derecho a la paz desde el día de nuestra fundación. También afirmamos que la cuestión kurda debe resolverse mediante una política pacífica. Consideramos que el hecho de que a Abdullah Öcalan, que es un actor clave en la solución de la cuestión kurda, no se le haya permitido reunirse con su familia y sus abogados durante más de cuatro años es tanto un problema de derechos humanos como una desviación de una política orientada a la paz. Hemos dirigido repetidamente nuestra petición al Ministerio de Justicia para visitar Imrali, pero no hemos recibido respuesta. Pedimos al Estado y al gobierno que abandonen esta política lo antes posible y vuelvan a una política al servicio de la paz social. Como primer paso, pedimos al Estado y al Ministerio de Justicia que permitan que Abdullah Öcalan sea visitado por su familia y sus abogados”.