El 30 de octubre se publicó el Informe Turquía 2024, elaborado anualmente por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea.

El informe fue presentado en una rueda de prensa celebrada en Bruselas por Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, y Olivér Várhelyi, Comisario responsable de Ampliación.

El informe subraya que Turquía «sigue en una fase temprana de preparación en el ámbito del Estado de Derecho y los derechos fundamentales. No se ha avanzado en cuestiones clave señaladas en informes anteriores y persisten serias preocupaciones».

Lo mismo puede decirse, según el informe, del ámbito del funcionamiento del poder judicial, en el que Turquía «sigue en una fase temprana de preparación en este ámbito y no se han realizado progresos. A pesar de la adopción de nuevos paquetes de reformas judiciales, siguen sin abordarse las deficiencias fundamentales en el funcionamiento del poder judicial. Turquía siguió negándose a aplicar determinadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Las presiones indebidas ejercidas por las autoridades sobre jueces y fiscales siguieron repercutiendo negativamente en la independencia y la calidad del poder judicial. Son necesarios serios esfuerzos para mejorar significativamente el funcionamiento del sistema judicial del país. Las recomendaciones de la Comisión del año pasado no se aplicaron y siguen siendo válidas para el año que viene».

La situación de los derechos humanos, motivo de preocupación

En cuanto a la situación general de los derechos humanos en el país, el informe afirma que «no ha mejorado y sigue siendo motivo de preocupación. El marco jurídico turco incluye garantías generales para el respeto de los derechos humanos y fundamentales, pero la legislación y su aplicación deben ajustarse al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y a la jurisprudencia del TEDH. Han continuado los juicios y las 6 condenas de periodistas, escritores, abogados, académicos, defensores de los derechos humanos y otras voces críticas por presunto apoyo al terrorismo. Las recomendaciones de la Comisión del año pasado no se aplicaron y siguen siendo válidas.»

El funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía, según el informe, «siguió viéndose gravemente obstaculizado. Las deficiencias estructurales del sistema presidencial siguieron sin abordarse».

Pluralismo político socavado por la persecución judicial de los partidos de la oposición

En particular, según el informe, «el pluralismo político siguió viéndose socavado por la persecución de los partidos de la oposición y los diputados por parte del poder judicial». Aproximadamente 8.000 miembros y funcionarios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) están actualmente encarcelados. En enero de 2024, el Tribunal de Casación desafió dos sentencias del Tribunal Constitucional para poner en libertad a uno de los acusados detenidos en el juicio de Gezi, que había sido elegido diputado.

En mayo de 2024, varios ex legisladores del HDP y dos ex co-presidentes del partido fueron condenados a largas penas de prisión a pesar de que el TEDH había dictaminado su inmediata puesta en libertad. El caso de cierre del HDP por cargos de terrorismo, incluida la prohibición de la vida política de 451 miembros del HDP, sigue pendiente ante el Tribunal Constitucional.»

Situación en las regiones oriental y sudoriental

El informe también recoge: «Se siguieron denunciando violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Continuaron los delitos de odio y la incitación al odio contra los kurdos. No se adoptaron medidas judiciales ni administrativas en relación con casos de derechos de propiedad en el distrito Sur de Diyarbakır. En marzo de 2024, las celebraciones kurdas de Newroz se desarrollaron pacíficamente, a pesar de la fuerte presencia policial. Sin embargo, los gobernadores de las provincias orientales y sudorientales impusieron prohibiciones generales arbitrarias de reuniones y actos, incluso antes de las elecciones locales de marzo de 2024. Continuaron suscitando preocupación la interpretación amplia de terrorismo y la presión judicial y administrativa sobre periodistas, opositores políticos, colegios de abogados y defensores de los derechos humanos que trabajaban en la cuestión kurda. Los medios de comunicación en lengua kurda y las instituciones de derechos culturales permanecen cerrados desde 2016.»

El informe también subraya que «en el juicio de Kobane, en mayo de 2024, el tribunal condenó a penas de prisión a 24 políticos kurdos del antiguo partido prokurdo HDP por presuntos delitos contra el Estado. En otro juicio, la causa por el cierre del HDP continuó en el Tribunal Constitucional. Selahattin Demirtaş, ex co-presidente del HDP, continuó en prisión a pesar de dos sentencias del TEDH que pedían su puesta en libertad inmediata. Se informó de muchas nuevas detenciones de miembros del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), alcaldes y otros representantes por cargos relacionados con el terrorismo. En el caso relacionado con el asesinato en 2015 del entonces presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir, Tahir Elci, el tribunal absolvió en junio de 2024 a los tres policías acusados por falta de pruebas.»