La Comisión de Mujeres del Congreso Nacional de Kurdistán (KNK) pidió la liberación de la presa política Zeynab Jalalian de la cárcel iraní donde esta detenida hace años. Su padre Ali Jalalian informó a la Red de Derechos Humanos del Kurdistán (KHRN) que la activista kurda, que ha estado encarcelada durante 13 años, ha sido contagiada de COVID-19 y se le niega tratamiento médico fuera de la prisión.

En una declaración publicada el lunes, la Comisión de Mujeres del KNK señaló que el régimen iraní ha apretado el tornillo represivo para romper la voluntad de las mujeres que luchan por la libertad. Esta política está dirigida explícitamente contra los presos políticos que actualmente están gravemente amenazados por el coronavirus, señala el comunicado.

La Comisión de Mujeres del KNK llamó a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones de mujeres: “Nadie debería permanecer en silencio frente a la situación de los presos políticos en Irán y, en particular, sobre la condición de Zeynab Jalalian. Para proteger la vida de estas mujeres, exigimos su libertad".

Zeynab Jalalian, nacida en 1982, es una activista kurda de un pequeño pueblo llamado Deim Qeshlaq ubicado alrededor de Maku en la provincia oriental de Azerbaiyán en Irán. Fue arrestada en febrero de 2007 por las fuerzas de la Oficina de Inteligencia de Kermanshah bajo cargos de pertenecer al PJAK (Partido por una Vida Libre en Kurdistán).

Fue interrogada en el Centro de Detención de Inteligencia en Kermanshah durante un mes mientras era fuertemente torturaban tanto mental como físicamente. Luego fue transferida al Centro de Rehabilitación Juvenil Kermanshah. En 2016, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria emitió una solicitud oficial a la República Islámica de Irán para liberar a Zeinab Jalalian de inmediato y tomar todas las medidas necesarias para compensarla sin demora de acuerdo con las regulaciones internacionales. En una votación emitida por el Grupo de Trabajo Internacional, la privación de libertad de Zeinab Jalalian fue descrita como arbitraria y contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Irán está obligado a enjuiciar a los funcionarios responsables de violar los derechos de la activista política kurda.

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