Los alcaldes del distrito de Akdeniz de Mersin, Hoşyar Sarıyıldız y Nuriye Aslan, así como los concejales Özgür Çağlar, Neslihan Oruç y Hikmet Bakırhan, fueron puestos en prisión preventiva esta mañana, después de tres días de detención. Los representantes electos del partido DEM, basándose en testimonios secretos, fueron acusados ​​de "pertenencia a una organización ilegal", "financiación de una organización ilegal", "propaganda de una organización ilegal" y "oposición al artículo 2911".

Treinta colegios de abogados publicaron una declaración conjunta denunciando la destitución de administradores públicos electos sin una decisión judicial definitiva y el nombramiento de fideicomisarios en su lugar como una violación del Estado de derecho y la democracia.

La declaración conjunta de los colegios de abogados de Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Antep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Estambul, İzmir, Kars, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak, Dersim, Van y Zonguldak incluyen lo siguiente:

“La práctica de tutela, que se inició poco después de las elecciones locales del 31 de marzo, continuó hoy con la persecución en el municipio del distrito de Akdeniz de Mersin, después de los municipios de Esenyurt, Mardin, Hakkari, Batman, Halfeti, Tunceli y Ovacık. El alcalde de Akdeniz, el abogado Hoşyar Sarıyıldız, fue suspendido por el Ministerio del Interior de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Municipios y puesto en prisión preventiva. Fue reemplazado por un administrador designado por la Gobernación de Mersin de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Municipios.

Los procedimientos y prácticas de investigación en el proceso violan de manera clara y multifacética la Constitución y los convenios internacionales de los que Turquía es parte. Los procedimientos de búsqueda, detención y arresto violaron los artículos 2, 19, 20, 127 y 138 de la Constitución.

La destitución de un administrador público electo sin una decisión judicial firme y el nombramiento de un fideicomisario en su lugar es una violación del Estado de derecho y de la democracia. Una vez más se ha ignorado la Constitución, la voluntad del pueblo, los valores democráticos y el derecho a elegir y ser elegido. Los alcaldes y concejales municipales elegidos por voluntad popular son los representantes del pueblo. El respeto a la voluntad del pueblo es la condición básica de la democracia. Nuestra República, cuyo 102º aniversario celebraremos, es un Estado democrático, laico y de derecho basado en la soberanía popular.

Nosotros, los colegios de abogados abajo firmantes, subrayamos que seguiremos defendiendo la democracia y la voluntad de la nación contra la práctica del tutelaje, que la investigación sobre los alcaldes y concejales detenidos y destituidos ilegalmente debe realizarse en el marco del Estado de derecho, y pedimos su reintegro como administradores públicos electos”.