Ali Şen, un preso enfermo que permanecía en la prisión cerrada tipo T nº 2 de Yozgat, ha sido puesto en libertad tras 31 años de cautiverio.

Şen, que fue detenido por motivos políticos en Mersin en 1993, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Seguridad del Estado (DGM) acusado de “perturbar la unidad e integridad del Estado” tras días de severas torturas.

Şen cumplió los 30 años de condena el 12 de julio de 2023. Sin embargo, la liberación de Ali Şen se aplazó cinco veces porque no aceptó la imposición del “arrepentimiento”.

En una entrevista para ANF, el representante de la rama de TUHAY-DER de Van, Emin Şeker, declaró: “La liberación de los presos que tienen derecho a ser liberados se aplaza constantemente. Se ha establecido otro tribunal dentro de las prisiones, además de los tribunales reales en los juzgados. Existe una estructura denominada 'Junta de Observación de Prisiones' y esta junta prorroga arbitrariamente las condenas de los presos. A los presos que llevan 30 años en la cárcel se les hacen preguntas como: '¿Siente arrepentimiento?', y se aplaza su puesta en libertad debido a la respuesta a tales preguntas. Todo el mundo necesita justicia y leyes. En las cárceles, sin embargo, se tortura sistemáticamente”.

Un país sin justicia

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Tras las detenciones, se presiona a los presos y presas políticos para que hagan confesiones de remordimiento una vez cumplidas sus condenas regulares de prisión. Quienes se niegan, son mantenidos en la cárcel. Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas".

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