El ex co presidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtaş fue arrestado el 4 de noviembre de 2016, junto con otros 12 diputados del HDP. Para este arresto y detención ilegal, injusto y con motivaciones políticas, se presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Si bien el Tribunal Constitucional turco no encontró violación de los derechos en la detención de Demirtaş en su fallo del 21 de diciembre de 2017, el TEDH dictaminó el 20 de noviembre de 2018 que el artículo que protege el derecho a la libertad y la seguridad, el artículo 5 §3 de la Convención Europea en Derechos Humanos fue violado, ya que los Tribunales de Paz Penales, Tribunales de Asistencia y el Tribunal Constitucional no presentaron ninguna justificación suficiente para continuar con la detención del ex co presidente del HDP, Selahattin Demirtaş, que ha estado detenido desde el 4 de noviembre de 2016.

Además, el Tribunal indicó que el derecho a elecciones libres garantizado por el Artículo 3 del Protocolo no. 1 de la Convención también fue violado, particularmente considerando tanto el estatus de Selahattin Demirtaş como miembro del Parlamento y co presidente de un partido opositor, como el estatus de los votantes que él representaba, ya que le era imposible participar en las actividades de la Asamblea Nacional a causa de su detención.

Junto con tales violaciones de derechos, el Tribunal decidió que también se violó el Artículo 18 sobre la limitación del uso de restricciones a los derechos de la Convención, concluyendo que el solicitante fue detenido debido a razones políticas, su arresto y detención persiguieron el propósito ulterior predominante, sofocando el pluralismo y limitando la libertad de debate político, y por lo tanto no sólo los derechos y libertades individuales de Demirtaş estaban amenazados, sino que considerando la atmósfera política más amplia en Turquía, el sistema democrático en su conjunto también estaba amenazado.

Además, el Tribunal dictaminó la liberación inmediata del demandante Demirtaş, afirmando que su posterior confinamiento sin ninguna nueva evidencia equivaldría a continuas violaciones del Artículo 46 de la Convención.

El 19 de febrero de 2019, los abogados apelaron a la Gran Cámara para revisar las violaciones encontradas por la decisión de la Cámara de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal. El Gobierno también presentó una objeción contra la decisión de violación del Tribunal.

El TEDH aceptó las solicitudes de ambas partes y el caso fue trasladado a la Gran Sala para celebrar una audiencia el 18 de septiembre de 2019 sobre la totalidad del caso.

La audiencia fue seguida por una delegación del HDP que incluía al co presidente Sezai Temelli, la esposa de Demirtaş, Başak Demirtaş, y una delegación del CHP (Partido Popular Republicano) que incluía al parlamentario Sezgin Tanrıkulu.

La defensa fue presentada por los abogados Prof. Dr. Başak Çalı, Dr. Kerem Altıparmak, Mahsuni Karaman, Benan Molu, Ramazan Demir y Aygül Demirtaş, quienes señalaron el papel desempeñado por Demirtaş para el cumplimiento de las conversaciones entre el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan y los funcionarios estatales turcos.

Al señalar que Demirtaş fue blanco deliberado del gobierno, los abogados señalaron que además fue privado de actividades políticas. También indicaron el golpe político contra el HDP organizado el 4 de noviembre de 2016 y la violación de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Para el encarcelamiento de Demirtaş, el Tribunal de Diyarbakır (Amed) presentó nueve justificaciones, todas relacionadas con los discursos que pronunció como co presidente del segundo mayor partido de oposición en Turquía. Los discursos de un líder opositor con concepto político se presentaron como la base para la orden de arresto".

La comisionada del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, también asistió a la audiencia y habló.

Mijatovic señaló que la independencia del poder judicial en Turquía se ve afectada y que el poder judicial se ha convertido en un mecanismo de represión contra la oposición.

La audiencia también fue seguida por unos 20 miembros del Parlamento Europeo de los grupos socialistas y verdes.