En declaraciones a ANF, Kamuran Tanhan, uno de los diputados abogados del Partido DEM, denunció que los esfuerzos del gobierno turco, que mantiene la hostilidad kurda como una política permanente, para acercarse a la administración de Damasco se deben al deseo de reprimir la Revolución de Rojava y dejar al pueblo kurdo sin estatus.

Tanhan afirmó que el gobierno está tratando de vengarse mediante prácticas inhumanas contra los rojavanos en las cárceles turcas, y señaló que la ley está completamente suspendida en las cárceles y que se aplica el aislamiento dentro de las mismas. Tanhan afirmó: “Los prisioneros de Rojava están experimentando grandes problemas tanto legales como económicos. Sus derechos más básicos son violados. El dinero que las familias depositan en las cuentas de la prisión se convierte en motivo de detención y encarcelamiento por acusaciones infundadas como ´financiar la organización´. A los prisioneros que no pueden cubrir sus necesidades financieras debido a problemas de tutela, se les rechaza el dinero de las familias de los prisioneros que son ciudadanos de Turquía con el argumento de que ´el remitente no es extranjero´. Estas prácticas degradantes tienen como objetivo dejar a los prisioneros en la indigencia”.

Tanhan afirmó que existe un proceso en el que incluso aquellos que han sido liberados no pueden recuperar su libertad: “Muchos de ellos son llevados a centros de repatriación y mantenidos en duras condiciones. En estos centros, se les obliga a firmar documentos de retorno voluntario. Aquellos que se niegan a hacerlo se enfrentan a la amenaza de ser entregados a grupos paramilitares. Esta amenaza es una prueba de que las fuerzas paramilitares funcionan como un aparato de políticas de guerra especiales y al mismo tiempo cometen crímenes contra la humanidad contra el pueblo kurdo. Las políticas penitenciarias de Turquía son extremadamente problemáticas y contrarias a los derechos humanos. En particular, la discriminación y los malos tratos contra los prisioneros de Rojava continúan sistemáticamente. Los procesos judiciales y las ejecuciones de sentencias se prolongan injustamente e incluso los que son liberados no pueden recuperar su libertad. Estas personas se ven privadas de los derechos más básicos de la justicia y son retenidas como rehenes en las cárceles. El gobierno debe detener estas prácticas inhumanas en las cárceles lo antes posible y respetar los derechos humanos básicos”.