La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, expresó su “extrema preocupación” por los informes que indican que, en el espacio de dos días esta semana, las autoridades iraníes habrían ejecutado al menos a 29 personas en todo el país. Esto eleva el número de ejecuciones reportadas a al menos 345 este año, entre ellas 15 mujeres.

“Se trata de un número alarmantemente alto de ejecuciones en un período de tiempo tan corto. También hemos verificado que en julio fueron ejecutadas 38 personas”, denunció.

Tras señalar que casi la mitad de las ejecuciones desde principios de 2024 fueron por delitos relacionados con las drogas, Throssell advirtió: “Imponer la pena de muerte por delitos que no implican homicidio intencional es incompatible con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, como hemos enfatizado repetidamente”.

“También nos preocupa de forma recurrente la falta de un debido proceso y de normas de juicio justo en muchos de estos casos. Varias ejecuciones se llevaron a cabo sin que se informara a la familia del preso ni a su abogado”, indicó la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, añadiendo que las minorías, entre ellas los kurdos, los árabes ahwazíes y los baluchis, siguen viéndose desproporcionadamente afectadas por estas ejecuciones.

“Es hora de que Irán se sume al creciente consenso mundial en favor de la abolición universal, imponiendo una moratoria a las ejecuciones, con vistas a abolir definitivamente la pena de muerte”, afirmó Liz Throssell.