La 45º Sesión del Consejo de Derechos Humanos se celebrará en Ginebra entre el 14 de septiembre y el 6 de octubre.

Una vez más, se debatirá el papel de Turquía en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (que hizo su primer informe en 2016) ha ampliado su antiguo informe, en el que especifica que “el 18 de noviembre de 2019 se le pidió al Gobierno de Turquía que proporcionara información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones formuladas en el informe publicado tras la visita al país en marzo de 2016”.

El Grupo de Trabajo “agradece al Gobierno de Turquía la cooperación en el proceso del informe de seguimiento”, pero reconoce que “se han hecho progresos limitados en el ámbito legislativo, en particular en la abolición de la prescripción del delito de tortura”.

Además, el Grupo de Trabajo señala que “muchas recomendaciones sólo se han abordado parcialmente o no se han abordado en absoluto”.

El Grupo de Trabajo dice estar “igualmente preocupado por el hecho de que las prácticas mencionadas, llevadas a cabo en Turquía o en el extranjero, sean la personificación de una denegación de justicia, en la medida en que estas personas, según se informa, fueron privadas de su libertad por medio de detenciones secretas, no reconocidas o en régimen de incomunicación y completamente sustraídas de la protección de la ley. Es aún más desconcertante que puedan haber sido privadas de los derechos a un recurso efectivo y a un juicio justo mientras se encontraban en régimen de incomunicación, incluso mediante confesiones forzadas de culpabilidad, de la denegación de la presunción de inocencia, la incapacidad de impugnar la legalidad de la detención o la denegación del acceso a representación letrada”.

Preocupado por estas pautas, el Grupo de Trabajo subraya que “pueden facilitar la perpetración de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y pueden constituir en sí mismas una forma de esos tratos”.

El Grupo de Trabajo también observa “con preocupación que, incluso después de la suspensión del estado de excepción, las autoridades no han respetado las garantías procesales en el momento de la detención y durante las primeras horas de privación de libertad, destinadas a prevenir posibles violaciones como tortura. Estas salvaguardias incluyen el registro inmediato y la supervisión judicial de la detención, la notificación a los familiares en cuanto se priva de libertad a una persona, la contratación de un abogado defensor de su elección y el secreto entre abogado y cliente”.

El informe subraya que “la arraigada cultura de impunidad ejercida por medio de las violaciones de los derechos humanos por agentes estatales sigue siendo el obstáculo principal de cara a que los responsables rindan cuentas en Turquía”. Si bien hay diversos factores que fomentan una cultura de impunidad en el sistema de justicia penal, la falta de independencia e imparcialidad judicial es el más criticado.