Los abogados hicieron una declaración sobre el caso del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, que ha sido incluido en la agenda del Comité de Ministros del Consejo de Europa debido a la falta de eliminación de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que mantener a una persona en prisión de por vida sin posibilidad de liberación es una “violación del derecho a la esperanza”.
La Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), la Asociación de Abogados Contemporáneos (ÇHD), la Asociación de Derechos Humanos (İHD), la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV), la Fundación de Investigación Sociedad y Derecho (TOHAV) y la Asociación de la Sociedad Civil en el Sistema de Ejecución Penal (CİSST) organizaron una conferencia de prensa antes de la reunión del Comité de Ministros que se convocará con la agenda de Abdullah Öcalan.
En la reunión celebrada en la sede de la IHD y a la que asistieron numerosos abogados, Ebru Akkal, miembro de la sede de la ÖHD, hizo una declaración en la que se refirió a la sentencia del TEDH por “violación del derecho a la esperanza” dictada el 18 de marzo de 2014 contra el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan. Señaló que, aunque han pasado diez años desde la sentencia, Turquía no ha adoptado ninguna medida legal para eliminar las consecuencias de la violación. Ebru Akkal agregó que “el Comité de Ministros repetirá su revisión periódica del incumplimiento por parte de Turquía de las sentencias del TEDH sobre el expediente de Turquía de Öcalan 2, Kaytan, Gurban y Boltan en la sesión que celebrará en septiembre”.
Ebru Akkal subrayó que Turquía se ha comprometido a aplicar las sentencias del TEDH, pero no ha cumplido con sus obligaciones en relación con ellas. “Aunque han pasado diez años, miles de presos, incluidos los demandantes, se ven privados de su derecho a la esperanza y están expuestos a las graves y devastadoras consecuencias de este régimen penal, que viola claramente el CEDH. Lamentablemente, en sus planes de acción preparados en muchas ocasiones, Turquía no incluye enmiendas legislativas o medidas que eliminen la prohibición actual de la libertad condicional y pongan fin a las violaciones. Además, en su quinto informe periódico al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Turquía expresó su falta de voluntad para rectificar la situación sin reservas. Esta situación, que es completamente contraria al derecho internacional, es una clara indicación de que Turquía se está alejando rápidamente de su compromiso con la democracia y el derecho, y de considerar las normas universales de derechos humanos, de las que forma parte, como un marco vinculante”.
Ebru Akkal, que afirmó que la sentencia sobre la "violación del derecho a la esperanza" afectará a miles de personas, instó a las autoridades competentes de Turquía a cumplir urgentemente las sentencias del TEDH y las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y pidió al Comité de Ministros que hiciera lo siguiente:
*Solicitar datos estadísticos al Gobierno de Turquía sobre el número de personas condenadas a cadena perpetua agravada (hasta la fecha), el número de personas condenadas a cadena perpetua agravada por año, el número de años en los que se han ejecutado las sentencias pertinentes y el número de años en los que las personas condenadas a cadena perpetua agravada han estado en prisión.
*Instar a Turquía a que realice urgentemente los cambios legislativos necesarios y modifique su legislación para garantizar la derogación no discriminatoria de las disposiciones de su legislación que prohíben categóricamente la libertad condicional para determinados delitos.
*Revisar la ejecución de las sentencias de Öcalan 2, Kaytan, Gurban y Boltan Turquía a intervalos más frecuentes y, en ausencia de avances concretos para entonces, solicitar a la Secretaría del Comité de Ministros que redacte una decisión provisional a la luz de la próxima revisión del caso.
*Encargar al Presidente del Comité de Ministros o al Secretario General del Comité de Ministros que fortalezcan el diálogo político con las contrapartes nacionales pertinentes sobre la implementación de las decisiones en el contexto de la Declaración de Reykjavik y que escriban a las autoridades del Gobierno de Turquía sobre las medidas individuales y generales necesarias para la implementación del Grupo Gurban.
Tras la celebración de Ebru Akkal, el presidente de la HRFT, Metin Bakkalcı, explicó: “Todos tienen derechos y nadie puede ser objeto de violaciones. Todos y nadie pueden ser objeto de violaciones. Es una cuestión muy clara y no tiene sentido prolongarla. Hay que modificar la ley. No tiene sentido insistir en ello. Es una situación inaceptable que lleva años ocurriendo. En cualquier caso, esta cuestión se resolverá de forma absoluta”.
El co-presidente de la ÖHD, Serhat Çakmak, destacó la petición presentada por numerosas organizaciones de derechos humanos y jurídicas para que se aplique la decisión sobre Abdullah Öcalan y añadió: “Nuestra solicitud al Comité debe considerarse como un umbral tanto para la aplicación de las decisiones en el derecho interno como para la realización de modificaciones legales, y para determinar si los mecanismos internacionales y estas instituciones siguen existiendo de manera seria. El hecho de que una decisión tomada hace diez años aún no haya sido modificada en el derecho interno pone en seria duda la perspectiva de una organización o asociación internacional respecto del derecho y los valores universales. Sabemos que la política interna y los equilibrios internacionales son decisivos para determinar si las decisiones se aplican o no”.
Al criticar el fracaso del gobierno y del estado a la hora de tomar medidas, Çakmak detalló: “Nos gustaría recordar que, al no tomar las medidas que se deben tomar y al hacer política a través de políticas de no solución, se corrompe y se deteriora política y socialmente la sociedad. Lo que hay que hacer ante esta insolubilidad es producir soluciones adecuadas a la realidad de estas tierras. Existe una política que se basa en la insolubilidad”.
El secretario general de la İHD, Ibrahim Halil Vargün, ha llamado la atención sobre el hecho de que el CEDH debe ser respetado. Vargün ha declarado que Turquía está comprometida a actuar de conformidad con el Convenio, pero que cada día se aleja más de él y de otros convenios internacionales. Vargün ha subrayado que esto equivale a no reconocer la ley. En relación con las condiciones de detención de Abdullah Öcalan, Vargün ha dicho: "Es contrario a los derechos humanos y al honor que un preso permanezca en prisión sin la sensación de que no recuperará su libertad ni siquiera un día. Queremos que el gobierno y el poder judicial apliquen esta decisión lo antes posible. Haremos un seguimiento de la misma".