Piden protección de la libertad de expresión contra la censura estatal en Turquía

Grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones de periodistas hacen un llamado a las plataformas de redes sociales para que defiendan los derechos de libre expresión de sus usuarios y resistan la censura estatal en Turquía.

Antes de las elecciones municipales de Turquía el 31 de marzo de 2024, ARTICLE 19, Human Rights Watch y 20 grupos de derechos humanos y organizaciones de periodistas hacen un llamado conjunto a las plataformas de redes sociales para que defiendan los derechos de libre expresión de sus usuarios y resistan la censura estatal. También deben revelar plenamente todas las solicitudes gubernamentales para restringir cuentas o contenidos, y ser transparentes sobre la presión gubernamental informal para restringir el contenido en sus plataformas. 

Los grupos de derechos humanos y las organizaciones de periodistas también piden al gobierno turco que deje de presionar a las plataformas en línea para que bloqueen contenidos.

"Mientras se avecinan importantes elecciones locales en todo el país, las autoridades turcas están intensificando una vez más sus esfuerzos para controlar las plataformas de redes sociales mediante el uso de la restrictiva ley de Internet, exigiendo el bloqueo de contenidos críticos con el gobierno. Las plataformas de redes sociales deben adoptar una postura firme y unida contra la presión formal e informal dirigida a expresiones protegidas por el derecho internacional de derechos humanos y una mayor transparencia frente a la creciente censura en línea", advirtió una declaración conjunta de los grupos de derechos humanos.

Presión creciente y respuesta inadecuada de la plataforma

Un reciente y sorprendente ejemplo de la disposición de las autoridades turcas a intensificar la censura –junto con una respuesta inadecuada de las plataformas– tuvo que ver con una decisión de enero del 9º Tribunal Penal de Paz de Ankara.

El 10 de enero, la cuenta de Asuntos Gubernamentales de Twitter/X  publicó  una orden del 6 de enero del tribunal de Ankara con una lista de contenidos de redes sociales que debían bloquearse en varias plataformas. La orden judicial se centró en 210 elementos, incluidos perfiles y contenidos en Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok relacionados con Muhammet Yakut, un empresario de Turquía acusado de actividades delictivas, que ha hecho acusaciones en las redes sociales de corrupción gubernamental y delincuencia organizada en Turquía. Si bien el tribunal consideró que el contenido era una amenaza a la “seguridad nacional y la protección del orden público” según el artículo 8/A de la Ley de Internet, la decisión violó los estándares internacionales de libertad de expresión y las plataformas no deberían haber bloqueado el contenido.

Twitter/X también afirmó que el gobierno turco le había dicho a la empresa que era la única plataforma que no cumplía plenamente la orden judicial. Posteriormente, Twitter/X había "tomado medidas" en 12 cuentas y 15 tweets entre los identificados en la orden judicial. Lo hizo a pesar de reconocer que el contenido debía estar protegido bajo la libertad de expresión y que la empresa impugnaría la orden ante los tribunales, indicando en su comunicado que estas medidas eran necesarias para evitar que toda su plataforma fuera bloqueada en Turquía. Si bien no se puede acceder a ninguna de las cuentas o tweets enumerados en el orden desde Turquía, muchos siguen siendo accesibles desde otros países.

Una semana después del anuncio de Twitter/X, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, publicó un estudio de caso y presentó un informe a la base de datos Lumens (una base de datos administrada por el Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard) refiriéndose a la Misma orden judicial en el Centro de Transparencia del Meta. Observando que el contenido restringido no violaba sus políticas, Meta anunció el bloqueo de 65 publicaciones y 14 cuentas de usuarios en Turquía basándose en la orden judicial turca, e indicó que su negativa a cumplir podría haber desencadenado sanciones que incluyen multas administrativas y prohibiciones de publicidad para hasta 6 meses y limitación de todos los servicios de Meta en Turquía.

Aunque YouTube y TikTok no han comentado públicamente sobre la orden judicial, las investigaciones indican que ambas plataformas parecen tener acceso restringido al contenido especificado en la orden judicial. Esto incluye varias URL en las plataformas YouTube y TikTok. En TikTok, los elementos enumerados son completamente inaccesibles desde varios países o solo están restringidos en Turquía. En YouTube, todas las URL enumeradas son inaccesibles dentro de Turquía y desde varios países. 

Si bien algunas restricciones de contenido estaban claramente etiquetadas, en muchos casos las plataformas no indicaron que el contenido no estaba disponible debido a una orden judicial. Al intentar acceder dentro de Turquía, el contenido a menudo aparecía etiquetado como no disponible “debido a un error técnico” o mostraba mensajes de “video actualmente no disponible”, pero el mismo contenido seguía siendo accesible en otros lugares. De manera similar, cuentas enteras parecían haber publicado “sin contenido” cuando se veían desde Turquía, pero mostraban varios videos publicados cuando se veían desde fuera del país. Esta falta de transparencia significa que las personas que navegan por plataformas desde Turquía quizás nunca sepan que el contenido está restringido intencionalmente a pedido de las autoridades turcas y que el contenido puede ser accesible mediante el uso de tecnologías de elusión.

En febrero de 2024, ARTICLE 19 escribió a Google, la empresa matriz de YouTube, y a TikTok preguntándoles, entre otros temas, cómo respondieron a la orden judicial. TikTok compartió su compromiso general con los derechos humanos y su práctica rutinaria de manejar las solicitudes gubernamentales de eliminación de contenido en Turquía, sin abordar las preguntas específicas planteadas sobre las eliminaciones de contenido de enero. Google, por su parte, no respondió.

Cumplimiento equivocado impulsado por el miedo

Parece que las enmiendas legales de octubre de 2022 a la ley de Internet de Turquía han resultado en una mayor disposición de las empresas de redes sociales a ceder a la presión del gobierno, en lugar de utilizar medios legales para desafiar las solicitudes de censura que violan el derecho internacional de los derechos humanos. La admisión de Twitter/X y Meta de que han bloqueado contenido demuestra esta respuesta impulsada por el miedo a las crecientes demandas de censura de las autoridades turcas. Twitter/X citó preocupaciones explícitas sobre posibles sanciones, como la limitación del servicio. Meta hizo referencia general a posibles sanciones en su estudio de caso.

Este enfoque socava la responsabilidad de las plataformas de respetar los derechos humanos según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), que incluyen resistir la presión para restringir la libertad de expresión.

Si bien la legislación permite una limitación del ancho de banda de hasta el 90% por incumplimiento de incluso una orden de eliminación, la experiencia demuestra que, independientemente de las acciones de las plataformas y de las disposiciones de limitación estipuladas en la ley, las autoridades turcas en ocasiones han bloqueado precipitadamente todos los accesos a determinadas plataformas sin apenas justificación. Un ejemplo de esto se produjo luego de los terremotos del 6 de febrero de 2023, donde las autoridades recurrieron a un breve período de estrangulamiento para bloquear contenidos.

Sin embargo, la evidencia sugiere que es poco probable que se aplique una gran estrangulación durante largos períodos antes de las elecciones, dada la dependencia del gobierno y sus partidarios de las plataformas. El gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) gastó cantidades considerables de dinero en publicidad política en el período previo a las elecciones nacionales de mayo de 2023, según la Biblioteca de anuncios de Meta. En el mismo período, Meta también informó que había eliminado una extensa red de cuentas no auténticas que difundían comentarios de apoyo al AKP, incluso a través de contenido manipulado, que tenía alrededor de 1,3 millones de seguidores y gastó cerca de 700.000 dólares en anuncios para hacer circular su contenido.

Navegar las presiones legales con una respuesta coordinada y una mayor transparencia 

Cuando cuatro grandes plataformas decidieron nombrar representantes locales en cumplimiento de las enmiendas de 2020, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron a YouTubeMetaTwitter /X y TikTok contra el cumplimiento de leyes que violan los estándares de derechos humanos. Si bien las cuatro empresas reafirmaron su compromiso con la libertad de expresión, dieron muy pocas explicaciones sobre cómo pretendían navegar en el nuevo entorno legal. En ese momento, Meta afirmó que existía la posibilidad de retirar al representante local si se enfrentaba a una presión política cada vez mayor.

Si bien la censura del gobierno sin duda ha aumentado en los últimos años, y se ha intensificado particularmente desde las modificaciones legales a las regulaciones de Internet del país en 2020 y 2022, el gobierno turco hasta la fecha se ha basado en la falta de transparencia y coordinación entre plataformas para aislarlas y presionarlas individualmente en cumplimiento. Poco antes de las elecciones nacionales de Turquía de 2023, las autoridades turcas amenazaron a las plataformas con estrangularlas por no cumplir con las demandas de eliminación de contenidos. En dos ocasiones distintas, Twitter/X ha indicado públicamente que las autoridades turcas afirmaron que era la única plataforma que no cumplió con una solicitud de eliminación y que esto informó su decisión de actuar sobre el contenido.

Es probable que esta presión continúe a medida que se acerquen las elecciones locales. Es esencial que las plataformas se resistan a ser sometidas a presiones individualizadas adoptando una respuesta coordinada y mayores medidas de transparencia y desafiando las demandas de destitución en los tribunales. El cumplimiento continuo de estas órdenes puede alentar a las autoridades turcas a realizar más solicitudes igualmente arbitrarias o excesivas para eliminar contenido que cae dentro de los límites de la expresión protegida, implicando en última instancia a estas empresas en la censura estatal, indicó el grupo de derechos humanos.

También es crucial que las plataformas creen planes de contingencia que proporcionen algunos medios de acceso a sus plataformas en caso de que se produzcan cierres en momentos clave durante las próximas elecciones, y para mantener el acceso al contenido a través de tecnologías de elusión.

Recomendaciones para las plataformas de redes sociales y el gobierno turco

Mientras las plataformas de redes sociales que operan en Turquía enfrentan una presión gubernamental cada vez mayor, ARTICLE 19, Human Rights Watch y los 20 grupos de derechos humanos y organizaciones de periodistas los instan a tomar las siguientes medidas, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas:

  • Resistirse a cumplir con las órdenes de bloqueo que restringen el acceso a la expresión protegida, incluso impugnándolas ante los tribunales y limitando el alcance y la duración de su implementación. Evaluar las órdenes de bloqueo contra los estándares internacionales de libertad de expresión, considerando en particular que el discurso político goza del más alto nivel de protección.
  • Llevar a cabo una diligencia debida adicional en materia de derechos humanos antes de las elecciones municipales de marzo de 2024 en Turquía para evaluar y mitigar el riesgo de convertirse en cómplice de la censura y las implicaciones para la libertad de expresión de las posibles sanciones por parte del gobierno tanto el día de las elecciones como en el período previo a las mismas. Esto debería incluir el establecimiento de un plan de contingencia para mantener el acceso a la plataforma durante todo el período electoral en caso de cierres o limitaciones.
  • Sea transparente sobre las solicitudes de censura del gobierno. Esto incluye notificar a los usuarios que el contenido no está disponible en la URL donde se alojó el contenido, el motivo de su bloqueo (por ejemplo, una orden gubernamental) y publicar la orden (incluso a través de la base de datos Lumens) y estudios de casos, cuando sea relevante. Publicitar estas acciones rápidamente es clave para responsabilizar a los gobiernos y mitigar la presión aislada e informal.
  • Colaborar con otras empresas para compartir información sobre la presión gubernamental formal e informal y comprometerse a adoptar una postura unida contra demandas de censura particularmente excesivas, particularmente durante los períodos electorales.
  • Colaborar con la sociedad civil turca para comprender mejor las implicaciones de las políticas y prácticas de la empresa, la relevancia del contenido o las cuentas que están sujetas a órdenes de bloqueo, así como la amenaza real y las implicaciones de las sanciones.

El gobierno turco es el principal responsable de garantizar el derecho a la libertad de expresión y a elecciones libres y justas. Para cumplir con estas obligaciones, deberá:

  • Adherirse a las normas internacionales de libertad de expresión y derechos humanos y derogar las disposiciones de la legislación de Internet de Turquía que no cumplan con el derecho internacional de derechos humanos.
  • Abstenerse de utilizar medios legales y extralegales para ejercer presión sobre las plataformas de redes sociales para que censuren contenidos en línea en violación de las obligaciones de derechos humanos, en particular contenidos que involucren discurso político.
  • Aumentar la transparencia en las relaciones con las plataformas de redes sociales, incluida la divulgación pública de todas las solicitudes de eliminación de contenido.
  • Asegurar que cualquier acción adoptada contra plataformas en línea cumpla estrictamente con los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
  • Abstenerse de estrangular o cerrar las plataformas en cualquier momento, ya sea antes, durante o después de las elecciones.

 

FIRMADO:

ARTÍCULO 19

Observador de derechos humanos

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