Sólo 3 de las 41 personas detenidas en la última operación dirigida contra miembros del Partido Socialista de los Oprimidos (ESP), las Asambleas Socialistas de Mujeres (SKM) y la Federación de Asociaciones de Jóvenes Socialistas (SGDF) fueron puestas en libertad. Las 38 personas restantes fueron remitidas al Juzgado Penal de Paz con solicitud de detención sin que la fiscalía les tomara declaración.

De estas 38 personas cuyas declaraciones se completaron aquí, 34 ingresaron en prisión preventiva acusadas de “pertenencia a una organización ilegal” y “hacer propaganda de una organización ilegal”, y 4 fueron puestas en libertad bajo control judicial.

Los nombres de los enviados a prisión son los siguientes: Hatice Deniz Aktaş, co-presidenta de la ESP; Tanya Kara, portavoz general de las SKM; Berfin Polat, co-presidente de las SGDF; Okan Danacı y Uğur Ok, miembros de MYK de la ESP; Ezgi Gürbüz, diputado de la ESP; Gamze Toprak y Erol Tunç, co-presidentes del distrito de Sultangazi de la ESP; Cafer Erözsoy, representante de Esenyurt de la ESP; Leyla Can, portavoz provincial de Estambul de SKM; Dilara Su Kalpak, miembro de la Asamblea General de SKM; Hivda Selen, Simay Ada Kart y Adnan Özcan, miembros de MYK de las SGDF; la portavoz del Movimiento de Trabajadores Unidos, Meliha Kayacı; Serpil Topal; Emrah Topaloğlu; Senem Nur Pektaş; Bahadır Çağırgan; Ibrahim Akbay; el camarada Onur Mete; Berkan Balcı; Rezan Akkoyun; Müslüm Koyun; el miembro de la Asamblea Municipal de Bağlar, Muhammed Altunkaya; Zeynep Tekin; Ahmet Bilal Bay; el miembro del Partido Revolucionario, Yakup Bulut; Azze Deniz Akşar; Bekir Efe Cesur; Sıla Turan; Mazlum Ortaç; Doğan İnan; y la periodista de ETHA, Züleyha Müldür.

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Estas detenciones se están viendo agravadas en un momento en que el Estado turco se ha mostrado dispuesto a retomar las conversaciones con el líder popular kurdo Abdullah Öcalan, preso en condiciones de aislamiento agravado en la isla-prisión de Imrali desde 1999 a margen de toda legalidad, para una solución democrática a la cuestión kurda en Turquía, lo que hace todo este proceso complejo y dudoso. Sin embargo, el Estado turco no consigue avanzar en su guerra en el Kurdistán Sur, en el norte de Irak, ni tampoco en Rojava, el Norte y el Este de Siria, que actualmente atraviesa un proceso histórico en el que Turquía no quiere perder un papel principal de cara a cualquier posible rediseño del conjunto de Oriente Próximo.

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