La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vio el 11 de julio en Estrasburgo el caso del filántropo Osman Kavala. La Gran Sala se reunió para determinar si Turquía acataba el veredicto del TEDH sobre Kavala según el artículo 46/1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre "fuerza vinculante y ejecución de las sentencias".

El caso fue llevado a la cámara después de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa iniciara un procedimiento de infracción contra Turquía debido a su incumplimiento de la decisión de liberación de Kavala el 10 de diciembre de 2019.

Kavala lleva más de cuatro años en la cárcel, acusado de actividades antiestatales en relación con las protestas antigubernamentales de Gezi de 2013 y el llamado intento de golpe de Estado de 2016.

El hombre de 64 años niega las acusaciones en su contra, las califica de "teorías conspirativas" y se considera víctima de la instrumentalización política del gobierno turco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos evaluó el primer juicio contra Kavala en diciembre de 2019 como motivado políticamente y exigió su liberación. Turquía hizo caso omiso.

El 25 de abril, fue condenado a cadena perpetua agravada por "intentar derrocar al gobierno" y los otros siete acusados fueron condenados a 18 años de prisión por ayudar al intento.

El lunes, el máximo tribunal europeo de derechos humanos declaró que Turquía no había cumplido una sentencia que pedía la liberación de Osman Kavala.

Tras señalar que Kavala ha permanecido detenido sobre la base de un procedimiento criticado por el Tribunal Europeo o basado en pruebas que consideró insuficientes para justificar su detención desde el 11 de mayo de 2020, cuando la sentencia del Tribunal se hizo definitiva, el Tribunal declaró que, "al no haber garantizado la liberación inmediata del demandante, Turquía se niega a acatar la sentencia definitiva del Tribunal".

El Tribunal consideró que el arresto y la detención preventiva de Kavala se produjeron en ausencia de pruebas que respaldaran una sospecha razonable de que había cometido un delito y perseguían un propósito ulterior, a saber, silenciarlo y disuadir a otros defensores de los derechos humanos, y que el año y casi cinco meses que tardó el Tribunal Constitucional en revisar su demanda no fue suficientemente "rápido", dado que su libertad personal estaba en juego.

"El gobierno debe tomar todas las medidas para poner fin a la detención del demandante y asegurar su inmediata liberación", dijo el Tribunal, que también condenó a Turquía a pagar a Kavala la suma de 7.500 euros.

El Comité de Ministros del CdE, que supervisa la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), devolvió el caso al tribunal en febrero.

Kavala, que lleva casi cinco años en la cárcel, ha sido declarado culpable de intentar derrocar al gobierno y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en abril.

Otras siete personas fueron condenadas a 18 años por ayudarle en lo que, según los críticos, fue un juicio político destinado a criminalizar las manifestaciones nacionales de 2013, conocidas como las protestas de Gezi, el mayor desafío popular al entonces primer ministro Tayyip Erdogan.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda y presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa, Simon Coveney, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Tiny Kox, y la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, han hecho la siguiente declaración sobre la sentencia del Tribunal Europeo en el caso Kavala contra Türkiye:

"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia publicada hoy, ha confirmado la opinión del Comité de Ministros de que al no haber garantizado la liberación de Osman Kavala tras la primera sentencia del Tribunal en su caso, Türkiye ha incumplido sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Acogemos con satisfacción la sentencia de hoy, que proporciona una respuesta definitiva sobre este punto. Renovamos nuestro llamamiento a la liberación inmediata del Sr. Kavala.

"Instamos a Türkiye, como Parte del Convenio, a que tome todas las medidas necesarias para aplicar la sentencia. Este asunto permanecerá bajo la supervisión del Comité de Ministros hasta que se aplique plenamente la sentencia".