Un total de 1.418 personas han sido detenidas durante las protestas que comenzaron con la detención del alcalde del Municipio Metropolitano de Estambul (IBB), Ekrem Imamoğlu, y continuaron tras su encarcelamiento. De ellas, 172 han sido enviadas a prisión.

El Ministerio del Interior turco anunció el domingo que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul (IBB), Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Beylikdüzü, Murat Çalık, y el alcalde de Şişli, Resul Emrah Şahan, fueron suspendidos de sus cargos. Por otro lado, el gobernador del distrito de Şişli, Cevdet Ertürkmen, fue nombrado administrador del municipio de Şişli.

El alcalde metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu, fue encarcelado por “registrar ilegalmente datos personales”, “aceptar sobornos” y “manipular licitaciones de instituciones y organizaciones públicas”.

El alcalde de Beylikdüzü, Mehmet Murat Çalık, fue encarcelado acusado de "corrupción y pertenencia a una organización creada para cometer un delito".

Por otro lado, el alcalde de Şişli, Resul Emrah Şahan, fue encarcelado por "colaborar con una organización terrorista armada" y se nombró a un síndico en su lugar. El gobernador del distrito de Şişli, Cevdet Ertürkmen, asumirá el cargo de alcalde interino del municipio de Şişli en sustitución de Şahan.

Además, 29 personas han sido puestas en libertad bajo control judicial, 6 han sido condenadas a arresto domiciliario y tan sólo una ha sido puesta en libertad.

Pérdida del estado de derecho en la República turca

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de “terrorismo”, un término indefinido, por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Además, el gobierno turco está constantemente destituyendo a cargos electos y sustituyéndolos por fideicomisarios afines al régimen de Erdogan, lo que contraviene todos los principios democráticos. En lugar de sustituir a los cargos destituidos por los segundos en su lista, los cargos son arrebatados a los partidos que salieron victoriosos en elecciones y entregados al gobierno central.

Por si fuera poco, todo esto llega en un momento en que desde el propio gobierno se habían hecho declaraciones y dado pasos para establecer un proceso de paz de cara a resolver la cuestión kurda, uno de las principales conflictos en Turquía y el Kurdistán Norte de cara al establecimiento de una convivencia pacífica. El líder popular kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad desde 1999, según el que no puede reunirse ni comunicarse ni con sus familiares ni tan siquiera con sus abogados, acogió de buen grado estos pasos e hizo una declaración histórica. Sin embargo, desde entonces el gobierno turco no ha dado ni un solo paso en la consecución de una solución, abogando sin embargo por continuar con golpes políticos contra la democracia y ataques de invasión en otras zonas del Kurdistán como en Siria o Irak.

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