Reino Unido aprueba ley para criminalizar la solidaridad
Una serie de organizaciones han organizado un acto para denunciar las leyes "antiterroristas" del Reino Unido que criminalizan precisamente a aquellos que luchan contra el terrorismo.
Una serie de organizaciones han organizado un acto para denunciar las leyes "antiterroristas" del Reino Unido que criminalizan precisamente a aquellos que luchan contra el terrorismo.
Este viernes 28 de junio se ha organizado un evento en oposición a los nuevos poderes creados para perseguir a las personas que vuelven de “áreas designadas” del extranjero. El evento tendrá lugar en la Universidad de SOAS en Londres.
La organización promotora del evento es Sociedad Kurda SOAS y la Campaña Contra la Criminalización de comunidades (CAMPACC) y además cuenta con el apoyo de la Red de Solidaridad con Kurdistán (LKS), la Asamblea Democrático de los Pueblos Kurdos UK, el Movimiento de Juventud Kurdo, La Red por la Vigiliancia a la Policía (NETPOL) y los Abogados Socialista de Haldane.
Durante el evento, moderado por Anne Gray de la CAMPACC intervendrán Les Levidow de CAMPACC; Dr Thomas Jeffrey Miley de la Cambridge University; Dirk Campbell padre de Anna Campbell, la voluntaria internacionalista inglesa que murió luchando contra la ocupación de Afrin por el estado turco, Macer Gifford, voluntario internacionalista en Rojava, Emily Apple de la NETPOL y Nik Matheou de la LKS.
Tras la alarma social causada por el retorno de ciudadanos británico que han viajado a Siria para unirse al ISIS, y la amenaza terrorista que podrían suponer, el gobierno británico se apresuró a aprobar la Ley Antiterrorista y de Seguridad de la Frontera 2019. Dicha ley crea un nuevo crimen: entrar o permanecer en “áreas designadas” en el extranjero. El crimen se aplicaría a residentes del Reino Unido con una pena máxima de 10 años, una multa o ambas. La ley implica una presunción de culpabilidad contra los acusados, que tienen la carga de demostrar una razón que justifique su presencia en las “áreas designadas”.
Habiendo fracasado a la hora de procesar a los que han regresado por actos terroristas concretos, el gobierno se ha propuesta criminalizar los viajes a las “áreas designadas”. En la práctica, un viaje como estos ha tenido en el pasado diferentes motivaciones: visitar a la familia, realizar investigaciones, documentar violaciones de derechos humanos, participar en ayuda humanitaria o luchar contra el ISIS. Algunas personas enfrentadas ahora a 10 años de prisión pueden decidir no viajar, con lo que esto puede tener un efecto negativo sobre relaciones familiares, investigaciones académicas, periodísticas o actos solidarios. El nuevo crimen también implica la persecución de personas vulnerables que han sido engañadas y captadas para viajar así como personas que son incapaces de salir de las “áreas designadas”.
Los poderes del estado, de acuerdo con todas las leyes antiterroristas aprobadas desde el 2000, no han producido una mayor seguridad al pueblo británico. La leyes ordinarias ya incluían suficientes recursos para perseguir a aquellas personas que estuvieran planeando actos terroristas en un sentido tradicional como actos violentos que tratan de causar daño o sembrar el miedo a grupos enteros. A pesar de mayores poderes en manos del estado por la aprobación de nuevas leyes, el estado ha fracasado a la hora de identificar potenciales amenazas así como impedir actos terroristas. Mientras tanto la actividad política no violenta y las asociaciones han sido criminalizadas por el estado aprovechando dichas leyes.
En particular, las leyes antiterroristas han sido usadas para legitimar la campaña de terror del estado turco contra la población kurda. De forma paralela, el Reino Unido ha seguido vendiendo armas al estado turco que son empleadas precisamente para sembrar el terror y para la ocupación del noreste de Siria junto con grupos terroristas como Jabhat Al-Nusra. La política antiterrorista del Reino Unido ha servido para fortalecer la campaña de terror en el noreste de Siria y por tanto dando cobertura a los grupos terroristas. Esta nueva legislación borra cualquier distinción entre la actividad de terroristas y de aquellos que se dedican a luchar contra el terrorismo para proteger a las comunidades de su violencia.
El evento organizado en Londres tratará de discutir formas en las que oponerse a estos nuevos poderes así como presionar para que el gobierno no ponga en práctica una política que de hecho criminaliza la lucha contra el terrorismo.