La Asociación Azadi, que lucha por los derechos de los presos kurdos en Alemania, ha proporcionado nueva información sobre tres de los políticos kurdos juzgados en Alemania por el artículo "antiterrorista" 129b.

La asociación informó en su boletín mensual que Bedrettin Kavak, Ali Özel y Ali Hıdır Doğan han sido liberados de la prisión en el mes de agosto tras finalizar sus condenas de prisión.

El activista kurdo Ali Özel fue detenido en febrero de 2015 y condenado, en octubre de 2016, a 3 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Superior del Estado de Stuttgart.

El político kurdo Bedrettin Kavak fue encarcelado en Alemania en agosto de 2015. Antes de llegar a Alemania, había servido un total de 24 años en prisiones turcas por razones políticas. En agosto de 2016, el Alto Tribunal del Estado de Hamburgo lo condenó a tres años.

Ali Hıdır Doğan, que fue liberado de prisión en Bremen la semana pasada, fue arrestado en abril de 2016. En marzo de 2017, el Tribunal Estatal de Berlín lo condenó a 2 años y 4 meses.

Durante los últimos años, los tribunales alemanes han sentenciado a más de 10 políticos y activistas kurdos a penas de prisión de 2 a 3,5 años, a pesar de que no cometieron ningún delito en Alemania y "se estableció que trabajaban para la lucha por la libertad kurda".

En sus declaraciones de defensa ante los tribunales, los políticos kurdos señalaron la legitimidad de la lucha por la libertad del pueblo kurdo.

El artículo 129b es una de las leyes antiterroristas más controvertidas puestas en vigor por Alemania tras los atentados del 11 de septiembre de 2003 para "suavizar la lucha internacional contra el terrorismo". El artículo permite enjuiciar a personas y grupos involucrados en cualquier tipo de acto político violento fuera de Alemania.

El 129b se basa en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea en la que se incluyó el PKK el 2 de mayo de 2002.

El 26 de noviembre de 1993, el ministro del Interior alemán, Manfred Kanther, del gobierno de Helmut Kohl, anunció la prohibición del PKK con un boletín especial preparado por la fiscalía federal. Decenas de asociaciones y establecimientos kurdos se cerraron y se puso en práctica una política de criminalización sistemática contra los kurdos tras la introducción de la prohibición del partido.