Tras la operación de genocidio político contra la Municipalidad Metropolitana de Estambul, miles de personas han salido a las calles en Turquía y el Kurdistán Norte para protestar por el último golpe al estado de derecho y democrático del gobierno de Erdogan.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, ha anunciado que 1.879 personas han sido detenidas en las protestas que comenzaron tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoğlu.

Además, Yerlikaya ha anunciado que de las personas detenidas, 260 han sido enviadas a prisión preventiva, mientras que 468 han quedado bajo control judicial.

662 personas continúan bajo arresto.

Pérdida del estado de derecho en la República turca

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de “terrorismo”, un término indefinido, por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición. En el caso de los manifestantes en las actuales protestas, el gobierno turco ha recurrido principalmente a la acusación por violación de la Ley Nº 2911 sobre reuniones y manifestaciones, muy útil en caso de protestas callejeras. Para silenciar a la prensa, el Parlamento turco aprobó recientemente una nueva ley, la Ley contra la Desinformación, que da total libertad al gobierno para incriminar a los trabajadores de la prensa y a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía, por difundir lo que consideren “falso”. Un concepto que, como el de “terrorismo”, queda vacío para la libre interpretación de las autoridades turcas, lo que les permite silenciar y encarcelar cualquier tipo de oposición incluso en las redes sociales.

Además, el gobierno turco está constantemente destituyendo a cargos electos y sustituyéndolos por fideicomisarios afines al régimen de Erdogan, lo que contraviene todos los principios democráticos. En lugar de sustituir a los cargos destituidos por los segundos en su lista, los cargos son arrebatados a los partidos que salieron victoriosos en elecciones y entregados al gobierno central.

Por si fuera poco, todo esto llega en un momento en que desde el propio gobierno se habían hecho declaraciones y dado pasos para establecer un proceso de paz de cara a resolver la cuestión kurda, uno de las principales conflictos en Turquía y el Kurdistán Norte de cara al establecimiento de una convivencia pacífica. El líder popular kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad desde 1999, según el que no puede reunirse ni comunicarse ni con sus familiares ni tan siquiera con sus abogados, acogió de buen grado estos pasos e hizo una declaración histórica. Sin embargo, desde entonces el gobierno turco no ha dado ni un solo paso en la consecución de una solución, abogando sin embargo por continuar con golpes políticos contra la democracia y ataques de invasión en otras zonas del Kurdistán como en Siria o Irak.

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