Ibrahim Karakaş, periodista del periódico Yeni Yaşam, encarcelado en la prisión de tipo F de Kürkçüler de Adana, transmitió las violaciones de derechos a las que están sometidos en una carta que envió a la Agencia Mesopotamia. Dijo que se han violado muchos derechos constitucionales, especialmente el derecho a la salud. Karakaş escribió que sus solicitudes a la administración penitenciaria y a los ministerios competentes no son tenidas en cuenta.

Karakaş dijo: "Muchas cuestiones en el ámbito de la libertad de pensamiento y expresión se utilizan contra nosotros para retrasar la puesta en libertad". Karakaş declaró que el aislamiento les fue impuesto por la Junta de Administración y Observación. El periodista dijo que se les impidieron muchas actividades sociales y culturales por diversas razones, y se limitaron a 3-4 horas semanales en lugar de 10. Karakaş subrayó que no se les permitía asistir a actividades como cursos y talleres.

Solicitudes sin respuesta

Karakaş dijo que aunque las derivaciones al hospital se hicieron con un código "urgente", fueron sometidos a la imposición de un registro bucal por parte de la gendarmería. Karakaş dijo: "Aunque esta práctica inhumana se nos impone bajo el nombre de 'seguridad', se aplica como resultado de un enfoque completamente hostil. Las solicitudes que presentamos a todas las instituciones a las que está afiliado el personal de la gendarmería reciben una decisión de no autorización o son rechazadas. Impedir nuestro derecho a ser tratados es una de las violaciones más graves".

El periodista dijo que los presos que recibieron cadena perpetua agravada fueron colocados en el mismo pabellón con grupos que no eran presos políticos, y añadió que los detenidos eran a menudo objeto de ataques verbales y provocaciones. Karakaş continuó: "Nuestros amigos están expuestos a políticas de aislamiento dentro del aislamiento. Además, publicaciones como libros y revistas se entregan con retraso debido a meses de revisión o se confiscan alegando que son 'inconvenientes'".

El periodista ha declarado que "como presos políticos, seguiremos oponiéndonos a estas prácticas arbitrarias, y continuaremos llevando a cabo la lucha legal necesaria. También pedimos a las instituciones y organizaciones pertinentes que sean sensibles a esta cuestión."