El Partido Democrático de los Pueblos (HDP) es el tercer partido más grande en el parlamento de Turquía. Desde 2021, existen procedimientos para prohibir el partido que han estado pendientes ante el Tribunal Constitucional turco. Se ha fijado una fecha del 11 de abril para la defensa oral del líder del HDP. La solicitud de suspensión del procedimiento hasta después de las elecciones del 14 de mayo fue rechazada por el tribunal. Al mismo tiempo,el Tribunal Constitucional levantó la prohibición de la financiación pública de los partidos impuesta al HDP a principios de este año. De los 15 miembros del tribunal, ocho votaron a favor de levantar el bloqueo financiero.

El jueves, el reportero de la corte Seyhan Avşar de Halk TV informó que un miembro anónimo del Tribunal Constitucional le dijo que el presidente turco Erdoğan había llamado a algunos miembros que votaron para levantar la prohibición y les expresó su decepción. Esta es la primera vez que un miembro de la Corte Constitucional hace pública la intervención directa del gobierno.

El abogado Serhat Eren de la Comisión de Derecho y Derechos Humanos del HDP habló con ANF y declaró: "Hemos señalado desde el principio que la demanda contra nuestro partido es política. Hemos declarado que no hay ningún aspecto legal en este caso y que el proceso se inició bajo presión del gobierno y como parte de una campaña de linchamiento político. Si retrocedemos aún más, llegamos a la operación multidimensional lanzada contra nuestro partido después de 2015. Incluso entonces, nuestra destrucción política estaba decidida. Fue una operación destinada a liquidar completamente a los kurdos, que constituyen la parte principal de nuestro partido, de la arena política y hacerlos incapaces de actuar. La idea del HDP estaba destinada a ser completamente eliminada. Este plan era parte del plan de aniquilación (Çöktürme Planı) contra el movimiento kurdo adoptado por el estado en 2014, que se ha implementado desde que Erdogan rompió unilateralmente las conversaciones sobre una solución a la cuestión kurda. El HDP ha planteado constantemente esta cuestión".

El abogado Eren también señaló que la congelación financiera por parte del Tribunal Constitucional no tenía base legal: "El Fiscal General del Tribunal de Casación solicitó dos veces la congelación de las cuentas que contenían la ayuda estatal, pero el Tribunal Constitucional rechazó esta solicitud. El 5 de enero, poco antes de la fecha en que debía pagarse la subvención, el Tribunal Constitucional, a petición del Fiscal General del Tribunal de Casación, tuvo en cuenta esta circunstancia y bloqueó nuestras cuentas, aunque no hubo diferencia con las solicitudes anteriores. Este procedimiento no está regulado en el estatuto fundacional del Tribunal Constitucional y no figura en la legislación nacional de Turquía. No había legitimidad legal para que la Corte Constitucional tomara una decisión en una medida cautelar mientras el caso aún estaba pendiente".

Serhat Eren interpreta el llamado de Erdogan a los miembros del Tribunal Constitucional, reportado en la prensa, como una admisión de lo que ya se sabe: "Ya habíamos declarado que la decisión de bloquear se tomó bajo la presión del gobierno. Ahora nos hemos enterado por la prensa que Erdogan llamó a los jueces y los responsabilizó. Esta es una declaración que justifica todas nuestras declaraciones anteriores en las que enfatizamos fuertemente que los procedimientos se abrieron políticamente y por instrucciones del gobierno"

"El hecho de que Erdogan llame a los miembros de la judicatura más alta del país y los haga rendir cuentas lo demuestra muy claramente. El poder judicial está completamente subordinado, dependiente, dominado y presionado por el gobierno, incluido Erdoğan. Ha llegado a un punto en el que actúa completamente de acuerdo con las instrucciones del gobierno del AKP/MHP. Por lo tanto, no es posible predecir la decisión del Tribunal Constitucional sobre el cierre de nuestro partido. Parece que los siete miembros que votaron en contra de la anulación actuarán de manera completamente política, independientemente de los documentos, la información y las pruebas que hemos presentado. Por lo tanto, es difícil predecir cómo actuarán finalmente los demás miembros en relación con el cierre. La decisión de levantar el candado no significa que estos miembros adoptarán la misma postura en caso de cierre".