El hecho se produjo la noche del 25 de mayo durante un asedio que también se cobró la vida del civil kurdo y padre de cuatro hijos Mehmet Yıldırım en el barrio de Ortaç (Nenyas) de la localidad.

Testigos presenciales informaron que los soldados se llevaron al adolescente a la fuerza para protegerse mientras registraban la casa durante el allanamiento. “Forzaron a mi hijo, moviéndose de una habitación a otra, apuntándonos con armas”, afirmó la madre del joven.

La operación provocó una gran indignación, sobre todo porque finalizó con la muerte de un civil. La familia de Yıldırım no fue informada oficialmente de la muerte, pero se enteró a través de una publicación en las redes sociales del Ministro del Interior de Turquía, que puso de relieve una total falta de sensibilidad por parte de las autoridades turcas. En su publicación, el gobierno empleó un tono vengativo, celebrando la operación con frases como “¡La sangre de nuestros mártires no ha quedado sin venganza! ¡Un terrorista de ‘categoría gris’ ha sido eliminado en la Operación ‘BOZDOĞAN-40’, llevada a cabo en el distrito de Lice de la provincia de Diyarbakır!”.

Al utilizar el término “categoría gris”, el ministerio se refiere a una lista de buscados por ser presuntos terroristas, incluidos gülenistas, izquierdistas, kurdos y miembros ISIS. Esta lista agrupa a una amplia gama de opositores al gobierno con grupos como ISIS, para de esa forma legitimar las operaciones del gobierno contra sus opositores a los ojos del mundo. De hecho, Mehmet Yıldırım está incluido en la lista, aunque en el sitio web del Ministerio del Interior no se ofrecen pruebas concretas de sus presuntos crímenes.

Además, la lista presenta imágenes de individuos con trajes tradicionales kurdos, que fácilmente podrían confundirse con uniformes que se utilizan en la guerrilla, lo que sugiere un esfuerzo gubernamental para llevar la percepción pública hacia conclusiones incorrectas. Yıldırım, sin embargo, está representado con ropa occidental.

La constitucionalidad y las implicaciones éticas de incluir públicamente a personas como terroristas sin condena judicial definitiva fueron cuestionadas legalmente en 2022 cuando un abogado llamado Özgür Yılmaz apareció en la “lista de terroristas buscados”, administrada por la Comisión de Recompensas del Ministerio del Interior. Esto llevó al propio abogado Yılmaz a buscar un recurso legal, argumentando que el proceso de inclusión en la lista, que clasifica a las personas en función de los niveles de amenaza percibidos y promete recompensas financieras por información que conduzca a su captura, violaba derechos constitucionales y carecía de fundamento legal. El Director del Ministerio Público del Consejo de Estado apoyó esta impugnación, afirmando que la autoridad otorgada a la Comisión de Recompensas para realizar dichas listas era ilegalmente amplia e inconstitucional, poniendo en peligro la seguridad personal y los derechos legales de las personas incluidas en la lista.

FUENTE: Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina