En agosto, el gobierno del AKP-MHP nombró a fideicomisarios en varios municipios gobernados por el HDP. Esta operación comenzó con la destitución de los alcaldes de Van, Amed y Mardin, una práctica que fue condenada por numerosos países occidentales, especialmente dentro de la Unión Europea.

Sin embargo, el gobierno alemán, que mantiene sus relaciones políticas y económicas con el régimen de Ankara, ignoró por completo este asunto.

“Estamos preocupados por la destitución de los alcaldes elegidos en las elecciones del pasado 31 de marzo”, ha dicho ahora la Delegada para Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Bärbel Kofler.

El gobierno siempre está ‘preocupado’

En un comunicado oficial publicado en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kofler defiende que el respeto por las elecciones democráticas es una condición previa de cualquier democracia funcional. La destitución de alcaldes electos en Turquía y su arresto es “seguida de cerca”, ha dicho Kofler, que continúa: “El gobierno turco debe prestar atención a los principios básicos del estado de derecho y los derechos humanos por sus responsabilidades internacionales. Disminuir las oportunidades de participación democrática aumenta la amenaza de que los movimientos radicales tomen beneficio”.

Los municipios de Amed, Mardin, Van, Hakkari, Yuksekova, Kulp, Kayapinar, Bismil, Kocakoy, Karayazi, Nusaybin, Ercis, Cizre, Saray y Kızıltepe tienen asignados fideicomisarios afines al régimen turco que ocupan el lugar de alcaldes electos del HDP que han sido destituidos y detenidos.

Pese a ello, el Ministro de Asuntos Exteriores Maas, quien estuvo en Ankara la semana pasada, permanece en silencio.