Las consecuencias del colapso de la presa de la mina de Brumadinho en Brasil en términos de vidas humanas sigue aumentando: por ahora 121 personas han muerto pero 200 siguen desaparecidas.

Además, la evaluación de los daños ecológicos acaba de comenzar. El desastre ha afectado unas 270 hectáreas del área alrededor de la mina y ha inundado la ciudad de Brumadinho en la que viven unas 34.000 personas. De la zona afectada, más de 190 hectáreas eran zonas verdes con poca población pero con una vegetación exuberante.

Los ejecutivos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) han dicho que la región afectada es uno de los ecosistemas con más diversidad del mundo en cuanto a biomasa y la información preliminar ha confirmado la magnitud del desastre. Marcelo Arim del IBAMA ha afirmado que se trata “sin lugar a dudas, de una de las tragedias medioambientales más grandes del mundo”. Otros expertos han afirmado que se necesitarán años para poder evaluar toda la dimensión de los daños causados al medioambiente.

Hasta ahora, a parte de los efectos visibles cerca de la mina, más de 45 km alrededor del río Paraopeba dan un nivel de oxigeno de 0, lo que significa que está completamente muerto. “Esto implica que no podemos ni hablar de agua ya. Es una pesadilla total”.

Si estos datos se confirman estaríamos enfrentados al mayor desastre en una mina tanto en términos humanos como medioambientales, de acuerdo a los registros de la ONU.

En cuanto a quien es responsable del desastre, es una cuestión bastante clara, la tragedia es responsabilidad directa de la compañía que estaba explotando la mina, la multinacional VALE, el productor de hierro más grande del mundo y que goza de muy buenas relaciones con las autoridades locales y nacionales.

A pesar de que el desastre ha afectado Brasil, sus efectos van más allá. Suiza, donde está la sede central de la empresa, ha visto como distintas personas protestaban por el desastre. Cientos de activistas han organizado una manifestación en frente de la sede de VALE y ha exigido al gobierno suizo que abra una investigación y revise las exenciones fiscales de las que goza VALE desde hace 10 años.

Por tanto parece que la responsabilidad es más bien compartida: los gobiernos de los países desarrollados tienen una parte de responsabilidad en el desastre, dados los enormes beneficios que generan este tipo de explotaciones en otros países sobre sus multinacionales. Empresas que se benefician de la poca regulación del mercado laboral y de las condiciones de seguridad que a menudo no incluyen medidas de protección del medioambiente.