Los abogados Raziye Öztürk, Rezan Sarıca, Faik Özgür Erol y Mazlum Dinç, del bufete Asrın, solicitaron a la Fiscalía General de Bursa y a la Dirección de Instituciones Penales de İmralı reunirse con sus clientes Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş, de los que no se sabe nada desde hace 37 meses.

El líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan está completamente aislado del mundo exterior. Mientras no se da respuesta a las peticiones de reunión de los abogados, en algunos casos, meses después, se esgrime como excusa para la negativa una justificación de sanción disciplinaria.

Según la oficina de Asrın, "desde el 27 de julio de 2011 hasta la fecha, solo se permitieron 5 visitas de abogados entre mayo y agosto de 2019. La última de estas cinco reuniones fue el 7 de agosto de 2019. Solo se han concedido 5 visitas familiares desde 2014. La última reunión cara a cara con el hermano de Öcalan fue el 3 de marzo de 2020. Öcalan solo pudo hacer dos llamadas telefónicas desde el primer día (el 27 de abril de 2020 y el 25 de marzo de 2021). La última llamada telefónica fue el 25 de marzo de 2021. Fue interrumpido al poco tiempo y no ha habido noticias suyas desde ese día."

En una declaración del 25 de marzo, la Oficina Legal Asrın dijo: "el actual estado de incomunicación absoluta se mantiene mediante prácticas de facto y arbitrarias, así como mediante 'decisiones judiciales' que no tienen fundamento en la legislación turca. Las sanciones disciplinarias que se aducen como razones para la prohibición de las visitas familiares y las decisiones que impiden las visitas de los abogados son contrarias a la legislación y constituyen un delito penal para las autoridades. Además, no se reconoce el derecho a la correspondencia y a la comunicación telefónica. Sin embargo, de acuerdo con las reglas Mandela, no es posible cortar completamente el contacto con el mundo exterior. En cualquier circunstancia, debe garantizarse una comunicación mínima de los presos con el mundo exterior. No sólo no se cumplen los criterios mínimos, sino que además se ocultan a los abogados los expedientes y decisiones en los que se basan estas prácticas. Con estas prácticas, la isla de İmralı se mantiene tras un velo de secretismo. El acceso a la más mínima información sobre la situación actual de nuestros clientes recluidos en una prisión de la isla se ha impedido durante 3 años sin interrupción, especialmente a sus familias y a nuestros abogados. No tenemos ninguna información sobre el derecho a la salud de nuestros clientes y otros derechos vitales fundamentales garantizados por la legislación nacional e internacional."